Detalles del ajuste salarial propuesto
El Gobierno de Chile ingresó formalmente este lunes el proyecto de ley que establece un aumento del sueldo mínimo de $7.546. Esta cifra representa un incremento del 1,4%, correspondiente a la variación del IPC, lo que elevará el salario base desde los actuales $539 mil a $546.546 mensuales.
Según lo estipulado en el primer artículo de la propuesta legislativa, el nuevo ingreso mínimo para trabajadores mayores de 18 años y hasta 65 años será efectivo a contar del 1 de mayo de 2026. Asimismo, el proyecto contempla un mecanismo para el 1 de enero de 2027, donde el reajuste se calculará mediante la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC), según la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadísticas entre abril y diciembre de 2026.
Impacto en diversos tramos y el rol de la Segpres
La iniciativa, presentada por la Secretaría General de la Presidencia bajo la administración del ministro José García Ruminot, abarca otros tramos salariales. El segundo artículo propone elevar el ingreso mensual a $407.711 para trabajadores menores de 18 años y mayores de 65 años. Por otro lado, el tercer punto establece un incremento a $352.298 para el ingreso mensual definido para efectos no remuneracionales.
Diferencias con la CUT y tensión política
La presentación del proyecto ocurre tras un encuentro reciente entre el Ministerio de Hacienda y la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras (CUT), donde no se logró un consenso. Durante las conversaciones, el Ejecutivo ofreció inicialmente un alza de $23 mil, cifra que fue considerada insuficiente por el gremio.
El presidente de la CUT, José Manuel Díaz, fue enfático en señalar que la posición del organismo busca recuperar el poder adquisitivo. Díaz cuestionó la postura gubernamental, indicando que el Ejecutivo prioriza el costo para las empresas y la creación de empleo por sobre la capacidad de compra de los trabajadores, aludiendo a normativas previas como las 40 horas y la Ley Karin.
En paralelo a esta discusión, el clima legislativo se mantiene tenso, luego de que la bancada del Partido Socialista acusara al Gobierno de aplicar una supuesta «censura» contra el diputado Manouchehri en la Comisión de Hacienda, calificando este hecho como un daño a la confianza pública y a la democracia.
