La Fundación de Víctimas del Terrorismo de la Macrozona Sur dio un paso judicial clave al presentar la primera de una serie de demandas contra el Estado. La acción legal fue ingresada formalmente en el Tercer Juzgado Civil de Concepción, marcando el inicio de una ofensiva jurídica que busca responsabilizar al aparato estatal por tres décadas de ataques en las provincias de Arauco y de la Araucanía.
¿En qué se basa la demanda contra el Estado?
El argumento central de la acción legal es la falta de servicio estatal. Según los denunciantes, el Estado ha fallado sistemáticamente en su deber constitucional de proteger a los habitantes de la Macrozona Sur, permitiendo que la violencia se prolongue durante los últimos 30 años. En esta primera instancia, la demanda representa a un habitante afectado de la provincia de Arauco, exigiendo una indemnización de 2.800 millones de pesos.
El abogado Boris Reyes, parte del equipo jurídico, señaló que la estrategia apunta a demostrar que el Gobierno no utilizó los medios disponibles para garantizar la seguridad ciudadana. Respecto al Estado de Excepción vigente en la zona, el jurista fue categórico al señalar que dicha herramienta debía traducirse en una protección reforzada que, en la práctica, no se materializó, por lo que no puede ser considerada una medida efectiva.
Más de 100 demandas en preparación
Fernando Fuentealba, presidente de la Fundación Chilena de Víctimas del Terrorismo de la Macrozona Sur, confirmó que este es solo el primero de muchos pasos. El plan de la organización es escalar la presión judicial incluyendo en las próximas acciones legales a familias que han sido calificadas por el INDH (Instituto Nacional de Derechos Humanos) como víctimas de violación de derechos humanos.
El abogado Rodrigo Sotomayor adelantó que serán en total más de 100 las acciones indemnizatorias a presentar ante los tribunales de justicia, consolidando una estrategia masiva para buscar reparación.
El panorama judicial se vuelve complejo para el Estado, que ahora deberá enfrentar el escrutinio de estas demandas múltiples. Mientras la primera causa sigue su curso en el tribunal penquista, la organización de víctimas mantiene su hoja de ruta para ingresar el resto de los expedientes, lo que podría sentar un precedente importante sobre la responsabilidad estatal en la gestión del conflicto en la zona sur del país.
