La ofensiva judicial de la ministra
La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, confirmó que presentará una querella criminal en contra del senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, acusándolo de realizar una «imputación injuriosa» en su contra. La secretaria de Estado fue enfática al señalar: «No nos atemorizan bandas criminales, tampoco las calumnias del Sr. Núñez».
El conflicto se originó a raíz de declaraciones del parlamentario en redes sociales, donde cuestionó un vínculo comercial de la ministra. Según Núñez, es un «gravísimo error» que Steinert no haya disuelto una sociedad con su expareja, un abogado que ejerció la defensa de individuos ligados al narcotráfico.
Los argumentos del senador Núñez
El senador comunista planteó que existe una preocupación legítima sobre la posible infiltración del crimen organizado en el aparato estatal. «En Chile tenemos que tener certeza absoluta de que no hay ningún tipo de vínculo, ninguna posibilidad de que el narcotráfico o el crimen organizado presione, utilice o infiltre al Estado y a sus autoridades», sentenció Núñez, instando además a la ministra a renunciar a su cargo.
De acuerdo con el congresista, el lazo familiar con dicho abogado representa un riesgo para enfrentar la seguridad pública del país. Por su parte, la ministra Steinert rechazó tajantemente estas acusaciones, calificándolas como un intento de dañar su honra. «Tolerancia cero a quienes perjudican a servidoras públicas, como también ocurrió con la ministra Lincolao», añadió la autoridad.
El trasfondo del vínculo comercial
La polémica tiene su origen en una publicación del medio La Segunda, que expuso que la secretaria de Estado mantiene una sociedad con Rodrigo Irrazabal Izikson, su exesposo y padre de sus hijas. El nombre de Irrazabal aparece en registros de la Contraloría debido a su historial en causas bajo la Ley de Drogas.
Los antecedentes indican que, en 2010, Irrazabal defendió a un sujeto condenado a 7 años de prisión por transportar 758 gramos de marihuana y mantener 9 kilos adicionales de la misma sustancia en su vivienda. Posteriormente, en 2013, el mismo abogado representó a un inspector de la PDI, quien resultó condenado por facilitar un polar institucional utilizado para cometer un robo.
