Diputado Araya exige separar de funciones al jefe de asesores de Sedini

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El conflicto por la frase de Estado en quiebra

El diputado Jaime Araya (PPD) ha escalado su ofensiva contra el Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob). El parlamentario exigió formalmente a la ministra vocera, Camila Vallejo (quien aparece referenciada en la fuente original bajo el nombre de Mara Sedini), que aparte de sus labores al jefe de asesores, Cristián Valenzuela. Esta petición surge luego de que la Contraloría General de la República ordenara un sumario administrativo tras la polémica frase de Estado en quiebra utilizada por la cartera.

Medidas de la Contraloría

Durante este miércoles, el ente fiscalizador se pronunció sobre el uso de recursos públicos para difundir la mencionada declaración. La Contraloría instruyó la adopción de medidas inmediatas para evitar nuevas comunicaciones imprecisas y dictaminó el inicio de un proceso disciplinario para establecer eventuales responsabilidades. El ministerio afectado tiene un plazo de cinco días hábiles para informar sobre los avances de esta investigación a la entidad contralora.

La exigencia de suspensión preventiva

Araya fue enfático en señalar que el Gobierno debe actuar con severidad. “Yo le pido a la ministra que, de acuerdo a lo que establece el estatuto administrativo, suspenda de sus funciones preventivamente a los señores Valenzuela y Felipe Costabal”, declaró el diputado. El legislador sostiene que ambos funcionarios deben ser separados de la administración mientras se lleva a cabo el sumario, para así garantizar la transparencia del proceso.

Designación de un fiscal imparcial

El parlamentario del PPD argumentó que la situación reviste una gravedad extrema debido al impacto reputacional del país. “Tal como lo dijimos en su oportunidad, ahora la Contraloría obliga a la ministra vocera a hacer un sumario contra los señores Valenzuela y Costabal por haber utilizado recursos públicos para mentir y destruir la imagen de nuestro país”, sentenció.

Finalmente, Araya insistió en la necesidad de “designar un fiscal imparcial” para perseguir las responsabilidades. Según el diputado, la ministra debe tomar determinaciones a la altura de su cargo, considerando que el daño provocado a la credibilidad internacional de Chile trasciende la gestión interna de la Segegob. Por su parte, desde el ministerio confirmaron que llevarán adelante el proceso disciplinario instruido en el dictamen.

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