Los centros de estudiantes de liceos públicos de la región Metropolitana han alzado la voz contra el proyecto de ley denominado “Escuelas Protegidas” y el reciente ajuste presupuestario que golpea al Ministerio de Educación. A través de una declaración pública, los representantes estudiantiles reconocen que la violencia en los espacios escolares es una realidad urgente de tratar, pero califican la iniciativa gubernamental como insuficiente y contraproducente.
Críticas al enfoque punitivo de Escuelas Protegidas
Para los dirigentes estudiantiles, el proyecto tiene un carácter marcadamente punitivista que, en lugar de solucionar los problemas de convivencia, podría agravar los conflictos dentro de las comunidades educativas. El texto advierte que medidas como la revisión de mochilas instalan una lógica de desconfianza y abren la puerta a prácticas arbitrarias, cuestionando tanto su efectividad real como sus implicancias en los derechos humanos de los jóvenes.
La posible pérdida de derechos asociados a la educación superior resulta desproporcionada y afecta con mayor fuerza a estudiantes en contextos de vulnerabilidad.
El documento también denuncia la falta de definiciones claras y la ausencia de protocolos detallados para implementar el proyecto. Según los centros de alumnos, existen dificultades críticas como la falta de claridad en el financiamiento, una sobrecarga laboral para docentes y funcionarios, la carencia de personal especializado y graves limitaciones de infraestructura en gran parte de los establecimientos públicos del país.
Preocupación por el recorte del 3% al presupuesto del Mineduc
El malestar estudiantil también se centra en el recorte del 3% del presupuesto del Ministerio de Educación, medida calificada de regresiva. Los estudiantes señalan que esto no considera las condiciones reales de los planteles y genera incertidumbre sobre el futuro de programas críticos, proyectos de infraestructura y las becas estudiantiles.
Esta tensión se agudiza por la Circular N°16 del Ministerio de Hacienda en el marco del Presupuesto 2027, documento que contempla la descontinuación de diversas ayudas y programas del Mineduc. Los voceros advierten que estas acciones debilitan la capacidad de respuesta del sistema y golpean directamente la movilidad social de quienes dependen de la educación pública.
Hacia una nueva política presupuestaria
Ante este escenario, los centros de estudiantes exigen mayor transparencia respecto a los criterios del ajuste y piden que la educación sea tratada como una prioridad estratégica. Sus propuestas incluyen una reestructuración del gasto público y el fortalecimiento de los mecanismos de evaluación. “Como estudiantes de la educación pública, reafirmamos que los desafíos del sistema educativo no se resuelven mediante el aumento de la vigilancia o la reducción de recursos, sino a través de más educación, más participación y mayor apoyo a las comunidades educativas”, sentenciaron. Por ahora, el rechazo a estas políticas se mantiene firme mientras la comunidad educativa aguarda respuestas concretas sobre la sostenibilidad del sistema para los próximos años.
