El fallo del Séptimo Juzgado Civil de Santiago
Un duro revés legal sufrieron los comerciantes del sector de Plaza Baquedano. El Séptimo Juzgado Civil de Santiago rechazó en su totalidad la demanda interpuesta por 35 locatarios de la galería del Hotel Crowne Plaza, quienes buscaban que el Estado de Chile los indemnizara por los daños sufridos a contar del 18 de octubre de 2019.
Los demandantes acusaban una supuesta «falta de servicio» por parte de las instituciones estatales, argumentando que no recibieron la protección necesaria frente a la ola de violencia que azotó sus negocios. Según los afectados, los constantes saqueos, amenazas y actos de vandalismo derivaron en pérdidas económicas incalculables que debían ser reparadas por el Estado.
La postura del Consejo de Defensa del Estado
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) valoró positivamente la sentencia del tribunal, la cual desestimó los argumentos de la parte demandante. El fallo fue contundente al señalar que no es posible atribuir una responsabilidad legal al Estado bajo los hechos presentados en la causa.
El magistrado a cargo explicó que, durante el estallido social, se registraron más de 19.000 eventos violentos de manera simultánea en diversas zonas del territorio nacional. Bajo este escenario de alta complejidad, la justicia determinó que la obligación del Estado respecto al orden público debe entenderse como una «obligación de medios y no de resultados».
La imposibilidad de evitar los incidentes
La resolución judicial detalló que la magnitud de la crisis, caracterizada por su alta dispersión geográfica y una violencia extrema, configuró una situación de contingencia que superó las capacidades reales de las fuerzas de orden disponibles en aquel momento. Fue, según el fallo, imposible evitar cada uno de los incidentes individuales que afectaron a los locatarios.
En consecuencia, el tribunal concluyó que no existe una «falta de servicio», requisito esencial para que el Estado debiera responder civilmente por los perjuicios reclamados. Con esta decisión, el proceso judicial finaliza con el rechazo íntegro de la demanda, dejando sin efecto la solicitud de indemnización planteada por los 35 locatarios del icónico hotel capitalino.
