Tensión política por eventuales recortes sociales
La filtración de oficios del Ministerio de Hacienda, liderado por Jorge Quiroz, ha encendido las alarmas en la oposición. Los documentos sugieren ajustes y el término de programas clave, lo que ha sido interpretado por diversos parlamentarios como un plan para desmantelar el sistema de protección social en Chile, contradiciendo promesas previas del Ejecutivo.
Entre los recortes sugeridos por Hacienda destaca la posible descontinuación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), reducciones en la entrega de ajuares para recién nacidos y cambios en la Pensión Garantizada Universal (PGU). Estas revelaciones han generado un rechazo transversal en la oposición, que acusa al gobierno de José Antonio Kast de priorizar beneficios para los sectores más ricos.
La postura del Ejecutivo frente a las críticas
Pese a la controversia, el Gobierno ha intentado calmar las aguas asegurando que los derechos sociales se mantendrán. La vocera Mara Sedini enfatizó sobre la entrega de ajuares: «Ningún recién nacido se va a quedar sin un ajuar, ninguno. Estamos ajustando los programas a la realidad, haciendo más eficientes los recursos».
Por su parte, el ministro Jorge Quiroz se refirió a las modificaciones en la PGU, aclarando que «no hay recorte de ningún pensionado». El titular de Hacienda justificó la revisión técnica de los beneficios señalando que «los programas hay que analizarlos, sobre todo si ha habido hallazgos. Esos hallazgos hay que mirarlos, porque pudiese haber gente que obtuvo eso y no debería obtenerlo». Cabe recordar que, paralelamente, la Contraloría ordenó un sumario a la Segegob por la polémica difusión del «Estado en quiebra».
Duras críticas desde el Congreso
Las reacciones en el parlamento fueron contundentes. Daniela Serrano, jefa de la bancada comunista, acusó al gobierno de no cumplir su palabra y de preparar «el gran regalo tributario para los más ricos». En la misma línea, el senador Iván Flores (DC) advirtió que no se trata de un problema comunicacional, sino de un desmantelamiento estructural de la red de protección.
La diputada Lorena Fries (FA) calificó la medida como un intento por «reducir el Estado y la red de protección», mientras que Raúl Soto (PPD) exigió transparencia ante lo que denominó un «verdadero plan de desmantelamiento». Finalmente, el diputado Jaime Araya (ind.-PPD) fue más allá y solicitó al Presidente Kast evaluar la continuidad de Jorge Quiroz, calificándolo como «el defensor de la colusión».
