Cuestionamientos a la transparencia presupuestaria
Los diputados del Frente Amplio, Ignacio Achurra, Constanza Schönhaut, Tatiana Urrutia y Gonzalo Winter, se presentaron en el Ministerio de Hacienda para presentar un oficio formal. La acción busca aclarar los alcances de diversos recortes presupuestarios que, según los legisladores, se habrían tramitado bajo condiciones de opacidad.
De acuerdo con el grupo parlamentario, estas modificaciones presupuestarias ya habrían sido ingresadas para su tramitación en la Contraloría General de la República. La principal crítica apunta a que el Ejecutivo estaría ejecutando ajustes económicos sin haber informado previamente a la ciudadanía ni al Congreso sobre el impacto real en los programas sociales.
La denuncia de los parlamentarios
El diputado Ignacio Achurra fue enfático al señalar que existen promesas incumplidas. «El Presidente (José Antonio Kast) señaló que no iba a cortar programas sociales, hoy lo que sabemos es que esas promesas no se han cumplido», aseguró, añadiendo que se está ocultando un ajuste que ya estaría consolidado.
Por su parte, el diputado Gonzalo Winter denunció la existencia de al menos veinte decretos de recortes. «Han decidido ingresar los decretos en clandestinidad, en oscuridad, a espaldas de la ciudadanía», afirmó el congresista, sosteniendo que los recortes existen y que, efectivamente, las políticas sociales se verán afectadas por estas medidas.
Detalles del oficio presentado
El requerimiento exige la remisión de copia íntegra de todos los decretos de modificación presupuestaria emitidos desde el 11 de marzo de 2026 hasta la fecha. Los legisladores advirtieron que detectaron el ingreso de una veintena de decretos de manera simultánea en la Contraloría, específicamente correlativos desde el número 328 al 351, bajo la materia de ‘aprobación y modificación de presupuesto’.
A través de este oficio, el Frente Amplio solicitó transparentar:
- El estado de tramitación actual de dichos decretos.
- Los antecedentes técnicos y las evaluaciones de desempeño que justifican la reducción de recursos.
- Si las medidas comprometen el cumplimiento de las glosas aprobadas por el Congreso.
- El impacto en compromisos contractuales asumidos por los ministerios afectados.
- La fecha estimada de ejecución de estas modificaciones en cada servicio.
En contraparte, sectores oficiales han descartado recortes en el ámbito social, acusando que existen actores intentando generar temor en la ciudadanía. En paralelo, el debate político se ha intensificado, incluyendo cuestionamientos de figuras como Elizalde, quien criticó un proyecto de Reconstrucción Nacional por considerarlo contrario a las prácticas democráticas.
