Una red de tráfico de drogas en Valdivia terminó desarticulada tras un fallo judicial que impuso condenas de hasta 21 años de presidio para el líder de un clan familiar. La sentencia marca el desenlace de la denominada “Operación Impacto”, procedimiento policial efectuado en septiembre de 2020 que culminó con el allanamiento de diversos inmuebles en la capital de la Región de Los Ríos.
El caso, investigado por la Fiscalía, permitió establecer que la organización criminal comenzó sus actividades ilícitas en 2015. Los seis integrantes principales fueron condenados por delitos de tráfico de drogas, asociación ilícita, lavado de activos y porte ilegal de municiones.
Detalles de la estructura criminal y condenas
El fiscal Carlos Bahamondes expuso que el grupo era encabezado por un hombre de 63 años, quien pese a su condición de ceguera, coordinaba el ingreso de sustancias ilícitas a la ciudad y a la cárcel local mediante la modalidad de “pelotazos”. En esta labor contaba con la colaboración de sus hijos: uno de 43 años, quien ya se encontraba privado de libertad por causas similares y facilitaba la distribución interna, y otro de 37 años, quien ejercía como chofer y colaborador directo.
“Esta persona no vidente necesitaba de alguien que le ayudara a la distribución y ese era su segundo hijo quien hacia aveces de chofer, pero también coordinaba las actividades de tráfico directamente”, señaló el fiscal Bahamondes.
La estructura se completaba con tres mujeres, parejas de los sujetos, quienes desempeñaban roles críticos en la venta de sustancias y en la administración de las cuentas derivadas del negocio ilícito. Según la indagatoria, el clan no solo operaba en sectores como Las Ánimas, sino que extendía sus tentáculos hasta la comuna de La Unión.
Estado judicial de los implicados
Las penas dictadas por el tribunal reflejan la jerarquía del clan:
- Líder del grupo (63 años): 21 años de cárcel.
- Hijo (43 años): 20 años de presidio.
- Segundo hijo (37 años): 10 años de cárcel.
- Mujeres del clan: Penas de entre 3 y 6 años de prisión.
Respecto a las 30 personas originalmente capturadas en 2020, el Ministerio Público aclaró que solo el núcleo familiar enfrentó un juicio oral. El resto de los detenidos, identificados mayoritariamente como microtraficantes, resolvieron su situación judicial mediante procedimientos abreviados. Con esta sentencia, se cierra uno de los capítulos judiciales más relevantes en materia de desarticulación de bandas familiares en la zona sur del país.
