El Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia determinó que un ex gendarme, recientemente condenado por delitos de cohecho y apremios ilegítimos contra internos, podrá esperar en libertad los 15 días necesarios para que su sentencia de 8 años de cárcel quede firme y ejecutoriada.
La justicia revisó las medidas cautelares del exfuncionario público, quien fue hallado culpable de realizar cobros de dinero a reclusos a cambio de favores, además de permitir u ordenar agresiones físicas al interior del penal durante el año 2019. Pese a la gravedad de los ilícitos, el tribunal decidió mantener las medidas de arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas en lugar de decretar la prisión preventiva.
Detalles de la condena y postura de la Fiscalía
El condenado deberá cumplir una pena efectiva de 5 años y 1 día por el delito de cohecho y otros 3 años y 1 día por los apremios ilegítimos acreditados. Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva argumentando que existe un riesgo de fuga latente, sin embargo, el tribunal desestimó la petición bajo el argumento de que la sentencia aún no está formalmente firme.
El vocero de la Fiscalía Regional de Los Ríos, el abogado Eric Aguayo, declaró: ‘Es importante que se cumpla la medida cautelar fijada, por la que el Tribunal también instará’. Asimismo, señaló que la institución respeta la resolución judicial aunque insistieron en la necesidad de privación de libertad ante el peligro de una eventual evasión del condenado.
El vocero de la Fiscalía Regional de Los Ríos, Eric Aguayo, valoró positivamente la condena obtenida tras el juicio, destacando el trabajo investigativo que permitió acreditar los hechos ocurridos en el recinto penal. El Ministerio Público subrayó que la sentencia es relevante debido a la naturaleza de los abusos cometidos por quien debía velar por la seguridad de los internos.
¿Qué sucederá tras los 15 días de plazo?
Una vez transcurrido el periodo de 15 días para la ejecutoria del fallo, el ex gendarme deberá ingresar a cumplir efectivamente la pena privativa de libertad de 8 años en total. Mientras tanto, la justicia mantendrá el control sobre sus desplazamientos a través de las medidas cautelares vigentes, a la espera del documento administrativo que oficializará el cúmplase de la condena impuesta en la región de Los Ríos.
