El duro intercambio entre Steinert y el INDH
La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, salió al paso de las recientes críticas emitidas por el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Yerko Ljubetic, respecto a los efectos de la Ley Naín-Retamal. El conflicto escaló durante la cuenta pública del organismo, donde Ljubetic calificó la normativa como uno de los atentados más graves contra la eficacia del mandato que ejerce el INDH.
Según Ljubetic, esta legislación fomenta la impunidad de Carabineros y dificulta la persecución de responsabilidades en casos de graves violaciones a los DD.HH. El director del INDH enfatizó que, bajo su visión, la ley no contribuye a una mayor eficacia policial, sino que permite vulnerar normas legales, afectando procesos judiciales en curso.
La réplica de la ministra Steinert
Lejos de suavizar el tono, la ministra Steinert calificó las palabras del exministro como una lógica invertida. La secretaria de Estado fue tajante al señalar: «Es contrario al sentido común que exista una presunción de inocencia a favor de los delincuentes y que se le niegue a nuestras policías».
Steinert defendió la ley destacando que esta representa uno de los avances más importantes de los últimos años. Argumentó que el objetivo central es frenar la impunidad criminal de quienes asesinaban a funcionarios policiales que, anteriormente, se encontraban «atados de manos» ante situaciones de peligro extremo.
¿Qué establece realmente la normativa?
Respecto al alcance legal, la ministra aclaró que la presunción que establece la Ley Naín-Retamal no elimina de ninguna manera la facultad investigativa ni la acción judicial del Ministerio Público y los tribunales de justicia.
Para la autoridad, el equilibrio jurídico es fundamental. «Equilibrar jurídicamente la cancha pensando en quienes arriesgan la vida no es una amenaza a los derechos humanos, está pensada en apoyo de Carabineros que actúan para proteger su vida o la vida o integridad de terceros», sentenció la titular de Seguridad. En paralelo al debate legislativo, el Gobierno mantiene otros frentes abiertos, como las negociaciones por el sueldo mínimo, donde recientemente se ofreció un incremento de $23 mil tras no lograr acuerdo con la CUT.
