La implementación de la ley 21.553 que regula a las plataformas como Uber, Cabify y DiDi avanza tras el ingreso del nuevo reglamento a la Contraloría General de la República. En el marco del Decreto Supremo 95, esta normativa busca establecer las reglas del juego para el funcionamiento de las aplicaciones de transporte en Chile, generando posturas contrapuestas entre expertos del sector y el gremio de los taxis.
Puntos clave del nuevo reglamento
El núcleo de la propuesta gubernamental es la creación de un Registro Nacional obligatorio para empresas, conductores y vehículos, el cual será el requisito base para operar dentro de la legalidad. Entre las modificaciones más relevantes, destaca la eliminación de la restricción de cilindrada mínima para los motores. Además, se flexibilizó el criterio de antigüedad de los vehículos, permitiendo el ingreso de autos con hasta cinco años de uso, plazo que se extiende a diez años durante los primeros seis meses de vigencia de la norma.
Voces a favor y en contra
Desde la academia, la recepción es mixta. Franco Basso, académico de Ingeniería Industrial de la PUCV, valoró positivamente la flexibilidad en los requisitos, argumentando que fomentan la empleabilidad:
Es una mejora sustancial con respecto a lo que había en el gobierno anterior.
En contraste, el ingeniero en transportes Ariel López calificó la medida como un retroceso en los estándares de seguridad, sugiriendo que las concesiones técnicas podrían entenderse como un traje a la medida para ciertas empresas.
El gremio de los taxis, representado por Eduardo Castillo, presidente de taxis colectivos y transporte menor, fue tajante al criticar la desigualdad en las condiciones. Según el dirigente, el reglamento desregula un sistema que ya es asimétrico, argumentando que mientras ellos deben cumplir con estrictas exigencias, a las aplicaciones se les otorga mayor manga ancha.
Tensión política y futuro del sector
El debate ha escalado al Congreso debido a un informe de 2023 redactado por el actual ministro de la cartera de Transporte, donde cuestionaba planteamientos del gobierno previo, lo que generó rumores sobre posibles conflictos de interés. Los parlamentarios Natalia Romero (UDI) y Francisco Crisóstomo (PS) han manifestado la necesidad de proceder con prudencia, subrayando que estas apps han sido fundamentales para cubrir déficits de transporte en regiones.
El reglamento entrará en vigencia 30 días después de su publicación en el Diario Oficial. Este plazo marcará un punto de inflexión para el transporte por aplicaciones en el país, dejando abierta la interrogante sobre cómo lograr el equilibrio definitivo entre la modernización del sistema, la seguridad de los usuarios y la equidad frente a los trabajadores del transporte tradicional.
