La Corte Suprema puso fin a una disputa legal en la región de La Araucanía, confirmando la sentencia que obliga a la vacunación inmediata de una lactante en la comuna de Angol. La menor, nacida en noviembre de 2025, no había recibido ninguna dosis del esquema de inmunización infantil debido a la férrea negativa de sus padres, quienes argumentaron dudas sobre la seguridad y la necesidad de los fármacos.
El caso escaló judicialmente luego de que el Hospital Dr. Mauricio Heyermann de Angol presentara un recurso de protección. La institución sanitaria advirtió que la postura de los progenitores, quienes también se opusieron a vacunas clave contra la hepatitis y la tuberculosis, mantenía a la pequeña en una situación de riesgo y vulnerabilidad extrema.
La postura de la justicia frente a la vacunación
Tras analizar los antecedentes, la Corte de Apelaciones de Temuco acogió el recurso y concluyó que la resistencia de los padres carecía de un sustento científico válido. El tribunal de alzada fue enfático en señalar que las vacunas no representan una elección voluntaria para los tutores, sino un derecho a la salud que debe ser garantizado por el Estado.
En su fallo definitivo, la Corte Suprema respaldó este criterio, calificando la negativa de los padres como un acto ilegal y arbitrario. Según el máximo tribunal, esta omisión contraviene directamente la normativa sanitaria vigente en Chile que regula el esquema de inmunizaciones obligatorio.
El programa nacional de inmunización busca proteger la salud de la población y cuando observamos como establecimiento que pudiera existir una vulneración de estos derechos, debemos actuar de esta manera.
El director subrogante del Hospital Dr. Mauricio Heyermann, Gonzálo Zúñiga, defendió la decisión de recurrir a la justicia como una medida necesaria para salvaguardar el bienestar integral de la niña. Con esta resolución, se marca un precedente sobre los límites de la autonomía de los padres cuando se trata de derechos fundamentales en salud pública.
Actualmente, el fallo es de cumplimiento obligatorio, por lo que la menor deberá ser sometida al esquema de inmunización en el corto plazo. Este caso abre la discusión sobre cómo el sistema de salud y los tribunales seguirán enfrentando los movimientos antivacunas que han comenzado a influir en decisiones sanitarias básicas a nivel nacional.
