La disculpa de José Antonio Kast por la rebaja de penas a pederastas y el compromiso del ministro de Justicia, Fernando Rabat, de proponer soluciones legislativas, generaron expectativas sobre las medidas que el Gobierno adoptará para manejar esta controversia. Sin embargo, algunos parlamentarios de oposición manifestaron su descontento con la respuesta del Ejecutivo.
Durante la mañana de este lunes, el mandatario reconoció que el Estado falló a las víctimas. En el mismo acto, ratificó a Rabat en su cargo, a pesar de los cuestionamientos surgidos por los beneficios concedidos.
Tras las declaraciones de Kast, Rabat se reunió en La Moneda con parlamentarios oficialistas, donde confirmó la discusión inmediata de proyectos de ley para abordar la situación.
El secretario de Estado agradeció las propuestas legislativas y los aportes para mejorar el funcionamiento del sistema actual, con el fin de evitar la repetición de hechos similares. También adelantó que se revisarán otros aspectos, como la implementación de sistemas para interconectar la información sobre estos delitos.
Los parlamentarios presentes en la cita exigieron conocer qué ocurrió con las personas beneficiadas y los argumentos para su otorgamiento, ante lo cual Rabat aseguró que recopilarán los antecedentes.
Las reacciones a las disculpas y anuncios fueron variadas. Entre los parlamentarios oficialistas, predominan las expectativas por las medidas legislativas. El diputado Diego Schalper (RN) calificó lo sucedido como un error político y valoró el reconocimiento de responsabilidad por parte del mandatario.
Aquí existió un error político. Nos parece que es la primera señal que había que dar y me alegra que el presidente haya dicho algo en esa dirección: es que se van a hacer todos los esfuerzos necesarios para dejar sin efecto estos actos administrativos.
Schalper agregó que la labor del ministro esta semana será “definitiva”. El senador Matías Walker (Partido Demócratas) también espera que los decretos sean anulados, enfatizando la necesidad de “pensar en las víctimas” y que “hay decretos que nunca debieron firmarse”.
Queremos que el Ministerio de Justicia no solo haga un examen de forma, sino que haga un examen de fondo y que el ministro deba denegarlos cada vez que se intente beneficiar a excluidos expresamente en la ley, que son los condenados por delitos sexuales contra menores.
El senador sostuvo que es crucial trabajar sin buscar “echarnos la culpa uno a otros ni sacar ventajas políticas”, sino pensando en los menores vulnerados. Por su parte, el diputado Luis Sánchez (REP) consideró los anuncios un paso relevante e instó al Gobierno a avanzar rápidamente en las propuestas legislativas.
Es importante que nos hagamos cargo y que miremos hacia adelante medidas que deben tomarse para que, como le he dicho al ministro, las distintas expresiones que hoy día vemos de este garantismo extremo le vayamos poniendo fin.
Desde la oposición, las medidas gubernamentales no lograron calmar las críticas. La senadora Fabiola Campillai emplazó al presidente Kast a solicitar la renuncia del ministro Rabat y del subsecretario de Justicia, Silva, cuestionando su continuidad en los cargos.
“Si de verdad creen que el camino difícil es hacerse cargo, el primer paso es pedirles la renuncia al ministro y al subsecretario de Justicia. Rabat y Silva deben renunciar. Su presencia en el Gobierno le hace un daño profundo a las víctimas y al país”, afirmó Campillai.
En la misma línea, el diputado Gonzalo Winter (FA) indicó que las declaraciones del mandatario no aclaran el motivo de las decisiones cuestionadas y advirtió la ausencia de costos políticos asumidos.
De hecho, no establece ninguna responsabilidad política. Es más, nadie, ni siquiera, sale de su cargo. Ni siquiera explican si esto fue un error o no de parte de ellos, que sería lo más básico de asumir un costo.
El caso mantiene una fuerte presión política, con algunos que esperan acciones sin bajar la guardia, y otros que persisten en sus cuestionamientos, considerando insuficientes las medidas adoptadas.
