El Ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha revelado nuevos detalles sobre las investigaciones en curso por el escándalo de licencias médicas en el sector público. Según las cifras proporcionadas, la Contraloría ha detectado hasta el momento 10.961 funcionarios que incurrieron en el mal uso de estos permisos, una cifra que ha aumentado a medida que se cruzan más datos, incluyendo visitas a casinos.
De estos, 9.293 funcionarios aún se encuentran en servicio, mientras que 1.668 ya no trabajan en el sector público. Sin embargo, Marcel enfatizó que, incluso para estos últimos, los sumarios disciplinarios siguen adelante. De hecho, 880 de estos ex-funcionarios aún enfrentan investigaciones, con la posibilidad de que algunos casos sean remitidos al Ministerio Público.
Medidas Disciplinarias y Sanciones
El Ministro recordó que se ha emitido una circular donde se recuerda a los jefes de servicio que tienen la decisión final sobre las sanciones a aplicar. Esto incluye la posibilidad de investigar más allá de lo propuesto por un fiscal y aplicar medidas disciplinarias si se comprueba el mal uso de las licencias médicas.
Según Marcel, las conductas que pueden dar lugar a sanciones son diversas, y van desde viajes al exterior hasta ingresos a casinos de juego durante el período de licencia. Cabe destacar que, si bien el Gobierno Central está abordando estos casos, la situación en las municipalidades también representa una proporción significativa del problema.
Compromiso con la Transparencia y la Rendición de Cuentas
El Ministro Marcel ha dejado claro que el Gobierno está comprometido con investigar a fondo estos casos de abuso de licencias médicas y aplicar las sanciones correspondientes, sin importar si los funcionarios siguen o no en sus puestos. Este esfuerzo forma parte de una iniciativa más amplia para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en el sector público.
Al abordar este escándalo de manera decidida, el Gobierno busca restablecer la confianza de los ciudadanos en la administración pública y enviar un mensaje claro de que no se tolerará el mal uso de los recursos y beneficios destinados a los trabajadores.
