La violencia en los establecimientos educacionales es un problema complejo que requiere soluciones integrales, más allá de la mera respuesta policial. Según el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, estos incidentes tienen múltiples aristas que van más allá de la seguridad pública, involucrando aspectos clave de la convivencia escolar y la gestión de conflictos dentro de la comunidad educativa.
Evitar la Militarización de los Espacios de Aprendizaje
Cordero advierte que no se puede caer en la tentación de transformar los colegios en «espacios policiales», reemplazando a los inspectores por vigilantes o guardias. Esto sería un «fracaso como sociedad», ya que la escuela debe ser un espacio de aprendizaje y desarrollo de virtudes cívicas, no un entorno militarizado.
Abordar la Raíz de los Conflictos
Según el ministro, los conflictos y actos de violencia en los establecimientos educacionales no se resolverán simplemente con la presencia de policías y fiscales. Es necesario abordar los elementos de convivencia escolar y la forma en que se gestionan los conflictos al interior de la comunidad educativa, incluyendo a los apoderados.
«Hay elementos, componentes muy significativos de convivencia escolar, y hay otros aspectos que tienen que ver con la forma y modo en que se están gestionando algunos conflictos al interior de la comunidad… incluyo en esto también a los apoderados»
Estrategias Integrales y Preventivas
Ante la discusión sobre la implementación de medidas como detectores de metal, Cordero cuestiona su utilidad, señalando que la solución no pasa por transformar las escuelas en «espacios policiales». En su lugar, se debe adoptar un enfoque integral que aborde los problemas de raíz, fortaleciendo la convivencia escolar, la gestión de conflictos y el desarrollo de habilidades cívicas en los estudiantes.
Un Llamado a la Unidad y el Compromiso del Estado
Finalmente, Cordero hace un llamado a los candidatos y candidatas presidenciales a mirar al país «en la perspectiva de transmitirle a las personas que el Estado está a cargo, con indiferencia de quien gobierne». Esto implica un compromiso duradero del Estado para abordar los desafíos de seguridad en las escuelas, más allá de los cambios de gobierno, priorizando soluciones integrales y sostenibles.
