La Contraloría General de la República declara ilegales millonarios convenios
En una sorprendente resolución, la Contraloría General de la República ha declarado ilegales 29 de los 34 convenios suscritos entre el Estado y fundaciones. Estos convenios, que involucran una suma de $13 mil millones, han sido objeto de controversia desde hace tiempo y finalmente se ha tomado una decisión al respecto.
¿Por qué se declararon ilegales?
Según informó el medio La Tercera, la Contraloría ha argumentado que estos traspasos de dinero no cumplen con los estándares ni las disposiciones legales. Entre las razones citadas se encuentran la amplitud de los giros de las fundaciones, la falta de claridad en los ítems de gastos, la falta de distinción entre la vigencia de los acuerdos y la ejecución de las actividades, así como la inexistencia de un registro de las personas jurídicas receptoras de fondos públicos.
Además, se ha señalado que muchas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) han asegurado estar dedicadas a “ayudar al prójimo”, lo que deja espacio para la interpretación y genera dudas sobre la transparencia de estos convenios.
Convenios anulados y nuevo proceso
Como consecuencia de esta resolución, los 29 convenios declarados ilegales han sido anulados. Esto significa que, en caso de que ambas partes deseen volver a firmar un acuerdo, deberán iniciar nuevamente el proceso y obtener una nueva toma de razón por parte de la Contraloría.
Esta medida ha sido tomada luego de que se destapara el escándalo de Democracia Viva, una fundación que recibió más de $400 millones directamente de la Seremi de Vivienda de Antofagasta. A raíz de este caso, se han cuestionado varios convenios entre el Estado y diversas ONG en todo el país, generando un gran revuelo en la opinión pública.
Un escándalo que sacude al país
El escándalo de los convenios ilegales con fundaciones ha generado un gran impacto en la sociedad. La falta de transparencia y el mal uso de los fondos públicos son temas que preocupan a todos los ciudadanos. Es necesario que se tomen medidas para garantizar que los convenios entre el Estado y las fundaciones cumplan con los estándares legales y sean utilizados de manera adecuada para el beneficio de la sociedad.
