Terrorista Acusado de Aterrorizar Centros Comerciales del Bío Bío Enfrenta Dura Condena
En un giro aterrador, la Fiscalía ha solicitado una pena de 10 años de cárcel para el imputado Celso Jiménez, considerado responsable de las ocho bombas de ruido que sembraron el pánico en los tres principales Malls del Gran Concepción, región del Bío Bío, el año pasado.
El fiscal Jorge Lorca, en la acusación ingresada en el Juzgado de Garantía, ha solicitado llevar a Jiménez a juicio oral por los hechos ocurridos en noviembre de 2023. La causa será preparada en una audiencia ya fijada para el 11 de octubre.
Cargos Graves y Posible Acuerdo
Jiménez enfrenta tres cargos por la colocación y activación de artefactos explosivos en edificios públicos, lo que le acarrearía tres años y un día de prisión por cada uno. Además, se le imputa un cuarto delito por el porte de arma blanca injustificado en la vía pública, por el cual la Fiscalía ha solicitado 300 días de cárcel.
Según fuentes cercanas a la causa, el Ministerio Público y la Defensoría, que representa a Celso Jiménez, estarían en conversaciones para alcanzar un acuerdo que podría evitar el juicio oral y realizar un procedimiento abreviado que sancione al acusado con una pena inferior a 5 años y que podría ser cumplida en libertad.
Gobierno Pide Sanciones Más Altas
Cabe destacar que el Gobierno ha solicitado sanciones más altas por la instalación de bombas de ruido en los tres malls de la región, lo que evidencia la gravedad de los hechos y la necesidad de castigar severamente a los responsables.
Conclusión
Este caso ha generado una gran conmoción en la región del Bío Bío y en todo el país, ya que pone en evidencia la amenaza que representan los actos terroristas dirigidos a aterrorizar a la población. La Fiscalía ha actuado con firmeza al solicitar una pena de 10 años de cárcel, pero aún queda por ver si se logrará un acuerdo que evite el juicio oral o si Jiménez deberá enfrentar las consecuencias de sus acciones en un proceso judicial.
Independientemente del desenlace, este caso debe servir como un llamado de atención sobre la necesidad de reforzar la seguridad y la protección de los ciudadanos ante este tipo de amenazas, y de castigar con severidad a quienes pretendan aterrorizar a la población.
