La Corte Suprema de Chile dictaminó la anulación de las sanciones impuestas contra una oficial tercero del Juzgado de Letras de Loncoche, quien enfrentaba un proceso disciplinario tras ser acusada de tomarse fotografías eróticas en dependencias judiciales y difundirlas en redes sociales. La resolución, fechada el 23 de abril, puso fin a las medidas adoptadas originalmente en septiembre de 2025.
¿Qué errores detectó la Corte Suprema?
El máximo tribunal invalidó todo lo obrado contra la funcionaria Marcela Elizabeth Arévalo Vidal, dejando sin efecto la suspensión de cuatro meses y la apertura de un cuaderno de remoción que había sido determinado por la Corte de Apelaciones de Temuco. Según el documento al que accedió Radio Bío Bío, la corte de alzada incurrió en una anomalía procesal insalvable al actuar como órgano resolutor, cuando su función legal era conocer el caso únicamente en segunda instancia.
Aquí hubo una denuncia que fue fraguada en su origen y una investigación sesgada, y hoy la propia Corte Suprema demuestra que no se puede sacrificar la imparcialidad ni los cauces legales por conveniencia.
Así lo manifestó Héctor Bello, cónyuge de la funcionaria, quien cuestionó duramente la forma en que se llevó adelante el proceso investigativo, poniendo en duda la legitimidad de la denuncia inicial.
Vicios de competencia y futuro del caso
El fallo de la Corte Suprema subraya que la investigación fue instruida por el fiscal judicial de Temuco y resuelta por la misma corte, contraviniendo las normas de competencia vigentes. La normativa señala que, dada la jerarquía del cargo, el proceso debió ser resuelto en primera instancia por el juez del tribunal correspondiente, dejando al tribunal de alzada solo como una instancia de apelación posterior.
Como resultado de esta invalidación, el máximo tribunal ordenó retrotraer el caso al estado en que un órgano competente, que no presente inhabilidades, deba pronunciarse nuevamente sobre el informe del fiscal judicial. Ante las consultas de Radio Bío Bío sobre este revés procesal, desde la Corte de Apelaciones de Temuco declinaron entregar declaraciones, argumentando que todas las investigaciones administrativas son de carácter reservado. El caso, por tanto, vuelve a la foja cero, quedando pendiente una resolución que respete estrictamente los procedimientos legales establecidos.
