Las bancadas de oposición presentaron este jueves 12 de noviembre la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat. La acción llega tras semanas de cuestionamientos por las reducciones de condenas otorgadas a individuos sentenciados por delitos sexuales contra menores y por crímenes de lesa humanidad.
El libelo se funda en la causal de infracción de la Constitución o las leyes, según lo estipulado en el artículo 52 N° 2, letra b), de la Carta Fundamental. Este proceso legislativo podría culminar con la destitución del secretario de Estado si la acusación es aprobada primero por la Cámara de Diputados y luego por el Senado.
La presentación de la acusación ocurre 15 días después de que la oposición anunciara sus intenciones, el 28 de octubre. En ese momento, el anuncio siguió a una sesión especial de la Cámara de Diputados que abordó los beneficios carcelarios polémicos. Durante este periodo, el presidente José Antonio Kast ha mantenido su respaldo explícito al ministro Rabat.
Los argumentos de la oposición se estructuran en tres capítulos principales. El primero se enfoca en las rebajas de condena a agresores sexuales de menores, el segundo en los beneficios concedidos a condenados por crímenes de lesa humanidad y el tercero en los posibles incumplimientos del ministro en la entrega de información requerida para fiscalizar estas decisiones.
“El tercer capítulo de esta acusación constitucional dice en relación con los deberes que tienen los ministros con los órganos de fiscalización”
Así lo había adelantado el diputado Raúl Leiva (PS). Ante las preguntas sobre el tiempo que tardó la preparación del documento, Leiva defendió el trabajo de los equipos jurídicos: “Un texto de esa naturaleza no es improvisación, es trabajo, es seriedad y responsabilidad”, señaló.
El diputado también destacó la importancia del periodismo investigativo en la elaboración del libelo. “Esta acusación se basa en gran parte en el trabajo investigativo de la prensa”, afirmó Leiva. Con la acusación formalmente ingresada, el debate se traslada de los anuncios políticos a la arena parlamentaria, donde se evaluarán los fundamentos y la defensa del ministro.
