Tras la semana distrital, el Ejecutivo ha puesto en marcha su agenda legislativa con el objetivo central de abordar la problemática de los menores de edad involucrados en delitos violentos. Este debate se ha intensificado en la opinión pública a raíz del lamentable deceso de un niño de 12 años en San Bernardo.
Martín Arrau, ministro de Seguridad, confirmó que el Gobierno otorgará discusión inmediata a dos importantes iniciativas a partir de la próxima semana. Este movimiento busca acelerar su tramitación en el Congreso.
Una de estas propuestas es la reforma a la ley de responsabilidad penal adolescente, un proyecto originalmente presentado por el actual senador Andrés Longton. A esta iniciativa se le sumará un paquete de indicaciones promovidas por el Ejecutivo.
Las modificaciones planteadas por el Gobierno buscan establecer que, en un catálogo de 17 delitos graves —entre los que se incluyen homicidios e incendios—, los menores de 16 y 17 años puedan ser juzgados bajo el sistema penal de adultos, siempre que así lo determine un juez. Adicionalmente, se eliminaría el criterio de la irreprochable conducta previa, y aquellos que sean condenados por estos delitos conservarán sus antecedentes penales una vez que alcancen la adultez.
Por su parte, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, adelantó que también se dará urgencia a un proyecto de ley enfocado en sancionar a las bandas delictuales que instrumentalicen o utilicen a menores de edad para cometer crímenes.
En la UDI, el diputado Eduardo Cretton, si bien valoró la iniciativa, señaló que esta propuesta aún no es suficiente y que seguirán insistiendo en rebajar la edad de imputabilidad penal.
Sin embargo, en la oposición, se han levantado advertencias sobre posibles vicios de constitucionalidad. Argumentan que no sería jurídicamente viable fusionar un sistema especializado para adolescentes con el sistema penal para adultos. La diputada del Frente Amplio, Lorena Fries, ha sido una de las voces en alertar sobre estas preocupaciones.
En un contexto paralelo, un grupo de parlamentarios del Frente Amplio, el Partido Socialista y el Partido Republicano se reunió con el ministro de la Segpres, José García Ruminot. En el encuentro, solicitaron apoyo para una iniciativa que modifica el Código Penal con el fin de aumentar las penas para adultos que instrumentalicen a menores para cometer delitos. El Ejecutivo se comprometió a estudiar la propuesta presentada por los diputados.
