La Asociación Nacional de Buses Interprovinciales, Internacionales e Industriales (ABI A.G.) ha declarado un estado de alerta ante la crisis que genera el aumento sostenido del diésel. El gremio exige una reunión urgente con el Gobierno para buscar soluciones que aseguren la continuidad de los servicios y las fuentes de trabajo.
Aunque por el momento la asociación no se sumará a las movilizaciones de otros sectores, su decisión de mantener esta postura dependerá de una respuesta inmediata por parte de las autoridades. “No nos sumaremos por ahora a las movilizaciones, porque sabemos la responsabilidad que tenemos con los pasajeros y los trabajadores que trasladamos. Pero esa decisión no es un cheque en blanco. Mantener esta posición está supeditado a que las autoridades nos reciban urgentemente. Si eso no ocurre, tendremos que reevaluarla”, afirmó Juan Eduardo Quiroz, presidente del directorio de ABI A.G.
El gremio explicó que la alerta surge por la presión acumulada en los costos de operación y la falta de avances en las gestiones previas. Quiroz detalló que ya han sostenido reuniones con el Ministerio de Hacienda en tres ocasiones, así como con las carteras de Interior y Transportes, y la Dirección del Trabajo. Además, solicitaron audiencias a Economía sin obtener respuesta.
“Nos hemos reunido tres veces con Hacienda y también hemos sostenido reuniones con Interior, Transportes y la Dirección del Trabajo. Hemos solicitado audiencias a Economía sin ser recibidos. Se nos han comprometido respuestas que no se han concretado. No podemos seguir esperando mientras las empresas se acercan a su límite”, sostuvo el dirigente.
La ABI A.G. advierte que si no se encuentran soluciones, las empresas de transporte podrían verse obligadas a reducir frecuencias, cancelar recorridos o incluso cerrar sus operaciones. Esto tendría un impacto directo en las tripulaciones, el personal de apoyo y, fundamentalmente, en los pasajeros que dependen de estos servicios para traslados esenciales por motivos de salud, laborales o familiares.
“La falta de soluciones puede terminar dejando a personas sin una conexión que necesitan y a trabajadores sin empleo. Hay destinos donde el bus es la única alternativa de transporte público. Ese es el escenario que queremos evitar y por eso estamos exigiendo que el Gobierno actúe ahora”, subrayó Quiroz.
La situación es particularmente crítica en el transporte industrial. El gremio señala que los contratos de este sector incluyen mecanismos de reajuste (polinomios) que no siempre compensan el alza del diésel, lo que obliga a las empresas a asumir la totalidad de este costo adicional.
Por ello, la asociación ha solicitado una reunión donde se establezca un trabajo conjunto y serio con Hacienda, Economía y Transportes. El objetivo es definir responsables y plazos para implementar mecanismos de alivio frente al precio del diésel, revisar el tratamiento tributario del combustible y actualizar las fórmulas de reajuste de los contratos industriales.
“Queremos una reunión para tomar decisiones, con autoridades que tengan capacidad de resolver. Nuestra disposición al diálogo sigue abierta, pero necesitamos reciprocidad y urgencia. El Gobierno tiene hoy la oportunidad de evitar que esta crisis siga escalando”, concluyó Juan Eduardo Quiroz. La pelota está ahora en cancha de las autoridades para evitar una posible paralización.
