Rebaja de condenas: Libertarios indagan reincidencias y apuntan a ministros de la Suprema

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El Partido Nacional Libertario ha intensificado su fiscalización sobre la Corte Suprema, investigando posibles casos de reincidencia entre personas cuyas condenas fueron rebajadas, así como contradicciones en las resoluciones judiciales. Estas líneas de investigación buscan sustentar una acusación constitucional contra ministros del máximo tribunal.

Johannes Kaiser, líder de la colectividad, confirmó que el procedimiento bajo revisión abarca desde los informes de Gendarmería hasta las decisiones de los tribunales y los recursos de amparo. Aseguró que, de hallar antecedentes que justifiquen responsabilidades constitucionales, presentarán las acusaciones correspondientes.

La investigación también avanza en el ámbito jurídico. Paulina Muñoz, subjefa de bancada libertaria, señaló a nuestro medio que un equipo de abogados penalistas y constitucionalistas ya trabaja para determinar si existen fundamentos para proceder contra integrantes del máximo tribunal. La diputada valoró que otras fuerzas políticas se sumen a esta iniciativa.

“A diferencia de la izquierda, para nosotros no es un circo político, sino una forma de fortalecer la institucionalidad”

declaró Muñoz, reforzando el propósito de la acción. Entre las colectividades que evalúan sumarse se encuentra el Partido Republicano.

La diputada republicana Javiera Rodríguez confirmó que están considerando la posibilidad de respaldar una acusación contra los jueces. Insistió en que la responsabilidad por las rebajas de condena no puede recaer únicamente en el ministro de Justicia, Fernando Rabat, cuya gestión defendió.

Paralelamente, los libertarios buscan precisar qué establecían las más de 300 resoluciones judiciales invocadas por el Ministerio de Justicia para justificar las rebajas. Solicitaron al ministerio esclarecer si los tribunales ordenaron conceder los beneficios o solo reconsiderar las solicitudes.

Esta información será crucial para el análisis jurídico previo a la decisión de presentar una acusación constitucional y definir contra qué ministros de la Corte Suprema se dirigiría la acción.

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