La diputada Zandra Parisi (PDG) respaldó un proyecto de ley que busca establecer la castración química voluntaria como un requisito para que condenados por delitos sexuales contra menores puedan acceder a beneficios penitenciarios. La iniciativa, denominada “¡Con las infancias no!”, propone también endurecer las sanciones por estos delitos, con el objetivo de reforzar la protección de niños, niñas y adolescentes.
El proyecto, suscrito por parlamentarios de diversos sectores como Héctor Ulloa (IND-PPD), Jaime Mulet (FREVS), Erich Grohs (PNL) y Patricio Pinilla (DC), además de Parisi, plantea el presidio perpetuo para el delito de violación y aumentar las penas por delitos sexuales contra menores. Parisi enfatizó que la medida no busca reducir condenas, sino incrementar las exigencias para quienes cometan estos crímenes.
Parisi declaró: “Hoy ya no basta con tener presos a los violadores y abusadores sexuales de menores de edad. Las víctimas, sus familias y la ciudadanía esperan mucho más del Estado. Esperan justicia, protección y, sobre todo, garantías de que estos delitos no vuelvan a repetirse”.
De acuerdo con la propuesta, el tratamiento de castración química sería voluntario, pero su aceptación sería obligatoria para optar a la libertad condicional, permisos de salida e indultos particulares. Es crucial destacar que someterse al procedimiento no implicaría una reducción de la condena ni se consideraría una circunstancia atenuante. Aquellos que abandonen el tratamiento perderían los beneficios penitenciarios obtenidos.
“No podemos seguir permitiendo que quienes han destruido la infancia de un niño puedan acceder a beneficios penitenciarios sin exigencias verdaderamente rigurosas”, manifestó la diputada.
La legisladora aclaró que la iniciativa busca establecer condiciones adicionales, sin modificar las penas ya impuestas por los tribunales. “No estamos hablando de reducir condenas ni tampoco de premiar a los delincuentes. Estamos hablando de aumentar las exigencias y poner la seguridad de nuestros niños por encima de cualquier beneficio”, aseguró.
Asimismo, Parisi reconoció que la castración química, por sí misma, no elimina totalmente el riesgo de reincidencia. Por ello, subrayó la importancia de mecanismos de fiscalización, evaluaciones permanentes y un seguimiento real de los condenados. La diputada concluyó que la discusión legislativa debe priorizar los derechos de las víctimas y sus familias, ya que “la infancia no se recupera, el daño puede acompañar toda la vida y el Estado tiene la obligación de actuar con toda la firmeza que la ley permita”. El proyecto ahora continuará su tramitación en el Congreso.
