Un nuevo capítulo judicial se abrió en el caso de Pedro Lavín Villalobos, el exfuncionario del Ejército condenado por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas. Su defensa presentó un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago, buscando revertir el rechazo de su solicitud de libertad condicional.
La condena de Lavín se remonta al 20 de octubre de 2019, en la comuna de Colina, cuando disparó su fusil de guerra contra Carlos Astudillo Ulloa durante una manifestación del estallido social. La justicia acreditó que el disparo impactó en una pierna de Astudillo, causándole una fractura de fémur y lesiones en la arteria y vena femoral, además de secuelas permanentes.
Este incidente fue captado en un video que se viralizó en los primeros días de la crisis social y fue investigado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). En diciembre de 2022, el Tribunal Oral en lo Penal de Colina declaró culpable a Lavín, sentenciándolo a siete años de presidio efectivo. La sentencia fue ratificada en septiembre de 2023 por la Corte Suprema, que rechazó un recurso de nulidad.
El abogado Nicolás Oxman, defensor de Lavín, cuestiona que la Comisión de Libertad Condicional haya desestimado la solicitud de su representado. Argumenta que el exmilitar presenta antecedentes de buena conducta y bajo riesgo de reincidencia. La decisión de la comisión se basó, según Oxman, en la imposibilidad de Lavín de continuar un tratamiento de contención psicológica, una situación que el abogado atribuye a la falta de programas disponibles por parte del Estado.
“La comisión se lo negó simplemente por el hecho de que Pedro no tiene cómo continuar el tratamiento de contención psicológica”, afirmó Oxman, quien sugiere que existen otras alternativas de acompañamiento para quienes cumplen condena bajo libertad condicional.
La defensa considera que esta carencia no debería impedir el acceso al beneficio penitenciario. Este recurso también ha reabierto el debate político sobre los indultos a uniformados condenados por hechos ocurridos durante el estallido social.
La diputada Gloria Naveillán, del Partido Nacional Libertario y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, emplazó al presidente José Antonio Kast a cumplir su promesa de campaña de indultar a estas personas. “Nosotros estamos cansados de pedirle que cumpla con su promesa de campaña, que fue indultar a las personas que estaban privadas de libertad por casos y hechos del año 2019. Él no ha cumplido hasta ahora”, criticó Naveillán, sumándose a las presiones de sectores oficialistas que insisten en revisar la situación de militares y policías encarcelados.
En contraste, desde la oposición, las diputadas Lorena Fries del Frente Amplio y Lorena Pizarro del Partido Comunista, expresaron su rechazo a conceder beneficios penitenciarios a agentes del Estado condenados por graves vulneraciones a los derechos humanos, defendiendo el cumplimiento íntegro de las condenas.
