Una disputa política amenaza con posponer proyectos de ley cruciales que buscan impedir la reducción de penas a condenados por delitos sexuales contra menores. Mientras el oficialismo y el Gobierno buscan llevar estas iniciativas al Senado la próxima semana, sectores de la oposición trabajan para evitar que beneficien al ministro de Justicia, Fernando Rabat, a quien señalan como principal responsable de la crisis actual.
El conflicto no radica en el contenido de los proyectos fusionados, que gozan de amplio apoyo, sino en los plazos de tramitación y el rol que Rabat podría asumir en la solución. El oficialismo intenta acelerar su despacho, mientras una facción de la oposición busca restringir los espacios políticos del secretario de Estado.
La estrategia oficialista fue discutida durante el viaje presidencial, en una reunión en el avión entre José Antonio Kast, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, y el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri. El encuentro se centró en la acusación constitucional contra Rabat, donde se planteó la necesidad de una defensa jurídica unificada, argumentando la falta de sustento constitucional del libelo. También se acordó acelerar los proyectos sobre rebajas de penas en ambas cámaras.
En este contexto, Núñez propondrá que la Comisión de Constitución del Senado sesione de manera extraordinaria este viernes, en una semana con intensa agenda presupuestaria. Su objetivo es que la comisión avance o incluso despache las iniciativas ese día; de no ser posible, la meta es finalizar el trámite el lunes para votarlos en sala el martes próximo.
Para lograrlo, la presidenta del Senado coordinará este miércoles con los jefes de comité, a quienes se conectará telemáticamente desde Europa, para modificar la programación legislativa.
Esta movida tiene un doble propósito: ofrecer una respuesta a las víctimas, cerrando la puerta a nuevas rebajas de condena, y permitir que Rabat se posicione como parte de la solución. Esto último representaría una salida política para el Gobierno frente a los cuestionamientos y la acusación constitucional.
En contraste, la oposición maneja un cálculo diferente. El miércoles pasado, los comités PS-PPD y Unidos (que agrupa a la DC, Frente Amplio y Partido Comunista) se reunieron para recomponer relaciones y coordinarse bajo la premisa de actuar como una “sola oposición”.
Fuentes cercanas a la cita indicaron que surgió la preocupación de que una tramitación expedita favoreciera al ministro. Aunque no hubo un pacto explícito para bloquear los proyectos, sí hubo consenso en que sería inaceptable que Rabat, a quien responsabilizan de la crisis, liderara la respuesta legislativa y capitalizara su aprobación.
Estos sectores buscan limitar el margen de acción política del secretario de Estado. El objetivo no es oponerse al contenido de la iniciativa, sino evitar que su despacho sirva para reposicionar al ministro y desviar el debate sobre sus responsabilidades.
Esta postura se pondrá a prueba en la agenda del Senado. Según antecedentes, José Luis Castro y Ricardo Celis, jefe y subjefe del comité PS-PPD, se opondrán a la sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución este viernes, una postura que podría generar un quiebre en la tramitación.
