En una audiencia que se extendió por dos días, el Juzgado de Garantía de Illapel decretó la medida cautelar de prisión preventiva para cuatro funcionarios de Gendarmería y un civil, acusados de liderar una red criminal dedicada al ingreso de drogas y elementos prohibidos a centros penitenciarios. La estructura operaba desde el año 2021, con alcance en la Región de Coquimbo, la Región Metropolitana y la Región del Bío Bío.
Detalles de la operación ilícita
La fiscalía imputó a los detenidos por delitos consumados de asociación criminal, tráfico ilegal de drogas, lavado de activos, cohecho e ingreso de elementos prohibidos a recintos penales. La jueza Andrea Rojas Cortés fundamentó la decisión de dejar a los cinco sujetos privados de libertad al considerar el peligro que representa la organización para la seguridad pública.
nos encontramos ante una red criminal organizada que operaba desde el interior del Centro de Detención Preventiva de Illapel, afectando gravemente la seguridad de un recinto penal del Estado
La magistrada enfatizó que el hecho de que los involucrados utilizaran sus funciones públicas configura un estándar de peligro objetivo. Además, advirtió que los imputados arriesgan sanciones que podrían llegar al presidio mayor en sus grados medio a máximo.
El alcance de la red y las otras cautelares
El operativo, liderado por la Policía de Investigaciones (PDI), logró la detención de un total de 16 personas, entre ellas cinco gendarmes. Sobre el quinto funcionario involucrado, el tribunal desestimó su participación en la asociación criminal y el tráfico de drogas, acreditando solo cohecho e ingreso de artículos electrónicos, por lo que quedó con arresto domiciliario total y arraigo nacional.
La investigación apunta a que esta red amasó ganancias ilícitas cercanas a los $223.209.732, montos que fueron movidos a través del sistema financiero para intentar ocultar su origen. En la misma causa, otras medidas fueron dictadas para los demás involucrados:
- Dos imputadas: Prisión preventiva por tráfico ilícito de drogas.
- Tres personas: Arresto domiciliario parcial nocturno, arraigo nacional y firma mensual tras desestimarse los delitos de asociación ilícita y tráfico.
- Cinco personas: Medidas de firma mensual, arraigo nacional y arresto nocturno, debido a su participación menor en los hechos.
Actualmente, el Ministerio Público cuenta con un plazo de 120 días para profundizar las diligencias investigativas. La causa pone en foco la vulnerabilidad de la seguridad interna en recintos penitenciarios y cómo las redes criminales han intentado corromper el sistema estatal para perpetuar sus ganancias ilícitas. ¿Logrará la fiscalía desarticular por completo los nexos externos de esta organización en los meses venideros?
