La bancada de diputados del Partido Republicano presentó una solicitud formal al Gobierno del presidente José Antonio Kast para implementar medidas de reparación y acompañamiento integral. La iniciativa busca beneficiar a 332 víctimas de agresores sexuales cuyas penas carcelarias fueron reducidas en los últimos cinco años.
Esta petición surge en medio de una considerable controversia generada por la flexibilización de condenas a individuos que cometieron delitos sexuales. La situación ha provocado una profunda preocupación debido a las repercusiones directas que tiene para las víctimas.
Mediante un comunicado, la colectividad política detalló la necesidad de evaluar diversas acciones de apoyo. Entre las propuestas, se mencionan reparaciones económicas, la provisión de atención profesional calificada y la imposición de restricciones específicas para los victimarios. Asimismo, el partido sugirió fortalecer la protección del entorno de las víctimas y analizar la pertinencia de otorgar pensiones de gracia, si el Ejecutivo lo considera adecuado.
“Creemos que si bien estas medidas solicitadas no revierten el perjuicio psicológico y emocional sufrido, ni el proceso de revictimización, sí reconocen que el Estado falló, así como también el daño”, afirmaron los republicanos en su declaración.
El Partido Republicano reconoció que estas medidas no pueden subsanar completamente el daño psicológico y emocional ni el proceso de revictimización experimentado. Sin embargo, enfatizaron que contribuirían a un reconocimiento del perjuicio causado y la responsabilidad del Estado ante estas fallas.
En su declaración, la bancada subrayó su objetivo de evitar que las víctimas se sientan solas, inseguras o desprotegidas. Además, buscan prevenir que otras personas sean expuestas a situaciones similares en el futuro.
Finalmente, recordaron que el Ejecutivo ya ha ingresado al Congreso Nacional una modificación normativa. Esta iniciativa, que cuenta con urgencia legislativa, está diseñada para evitar que se repitan las circunstancias que originaron la controversia actual, abordando una problemática que, según el partido, permaneció sin solución durante años.
La solicitud de estas medidas de reparación añade un nuevo capítulo al debate en curso sobre las rebajas de condenas a agresores sexuales y el impacto que tales decisiones tienen en la vida de las personas afectadas.
