La Contraloría General de la República ha otorgado un plazo de diez días hábiles a la Superintendencia de Pensiones. El objetivo es que la entidad informe sobre las acciones de fiscalización y control ejecutadas sobre las AFP, en un contexto de cuantiosas pérdidas que afectan al Fondo E.
Esta solicitud surge de un oficio presentado por parlamentarios de la bancada DC, FRVS e Independientes. Los legisladores buscan determinar si la Superintendencia actuó con la debida prontitud para supervisar las decisiones de inversión de las administradoras y mitigar posibles riesgos para los ahorros previsionales de los afiliados.
La Contraloría, en su comunicación oficial, instruyó a la Superintendencia para que “se sirva responder en el plazo de diez días hábiles lo solicitado en el oficio de fiscalización, remitiendo todos los antecedentes necesarios para resolver adecuadamente la presentación”.
El requerimiento de la Contraloría se enmarca en la polémica generada por las pérdidas del Fondo E, considerado el más conservador dentro del sistema de multifondos. Este fondo acumuló una caída real del 10,39% entre enero y septiembre de 2026, atribuida principalmente a pérdidas de valoración vinculadas a operaciones con derivados financieros y tasas de interés internacionales.
Ante esta situación, la Superintendencia de Pensiones ya inició procedimientos sancionatorios contra las siete AFP, con el fin de establecer posibles incumplimientos en sus deberes de administración. Adicionalmente, la Cámara de Diputados aprobó la creación de una comisión investigadora para analizar la fiscalización ejercida sobre estas administradoras entre 2018 y 2026.
“Pensamos y creemos que el Superintendente de Pensiones no hizo todo lo que podía hacer. Sin embargo, será la Contraloría la que resolverá previo informe de la propia Superintendencia”, afirmó el diputado Patricio Pinilla, miembro de la Comisión de Trabajo.
El parlamentario enfatizó que seguirán de cerca la respuesta, destacando la importancia de esclarecer las responsabilidades por las pérdidas y buscar mecanismos que compensen a los afiliados afectados.
Es relevante precisar que la acción de la Contraloría no implica una confirmación de irregularidades, sino que constituye un paso para recabar la información necesaria y evaluar la presentación realizada por los parlamentarios.
