Líderes de partidos oficialistas y sectores de centroderecha y derecha presentaron una declaración conjunta titulada “Chile sin violencia: un compromiso con la paz”. El documento surge a días del séptimo aniversario del 18 de octubre de 2019, buscando un llamado a la unidad y el apoyo a las fuerzas de orden público, mientras lanzan duros reproches contra quienes acusan de haber respaldado la violencia durante el estallido social.
La declaración fue suscrita por Renovación Nacional, la UDI, Evópoli, el Partido Republicano, el Partido Cristiano de Chile y Demócratas. Su objetivo principal es condenar la violencia, defender la democracia y asegurar que el país no reviva los hechos ocurridos en octubre de 2019.
Sin embargo, el texto contiene una fuerte crítica política, sin identificar partidos ni dirigentes específicos, a quienes responsabilizan de “justificar la violencia”. Califican el estallido como “uno de los peores episodios que recuerde la historia reciente de Chile” y señalan que el 18 de octubre “no fue solo una crisis social, sino el inicio de un camino de violencia, deterioro económico e inseguridad cuyas consecuencias aún Chile paga”.
Los firmantes acusaron que hubo quienes intentaron instrumentalizar los acontecimientos, creyendo que “de la promoción del odio y la violencia social obtendrían un rédito político”.
“justificaron, avalaron y aplaudieron la violencia de octubre de 2019”
Bajo el apartado “No retroceder”, los partidos sostienen que sectores políticos “justificaron, avalaron y aplaudieron la violencia de octubre de 2019”. También los culpan de incitar a la evasión y de “romantizar a la primera línea”. Según el documento, estos sectores “convirtieron el saqueo, la quema del Metro, de iglesias y patrimonio cultural urbano en un acto de malentendida justicia para luego indultar delincuentes y premiarlos con pensiones de gracia”.
Así, el llamado a la paz se acompaña de un cuestionamiento a las decisiones posteriores al estallido, presentando los indultos y las pensiones de gracia como parte de una crítica política unificada. Paralelamente, los firmantes enfatizan que “no hay causa que justifique la violencia” y condenan las agresiones como método de acción política, “venga de donde venga”.
En esta línea, mencionan explícitamente la destrucción del Metro, los saqueos, los ataques incendiarios, las funas, las barricadas y las tomas, asegurando que “no son formas legítimas de expresión”.
Otro punto central del documento es el respaldo a las instituciones encargadas del orden público. “El Estado de Derecho no se negocia. No avalaremos que se relativice el orden público”, afirman.
Los partidos añaden que Carabineros, la PDI, Gendarmería y las Fuerzas Armadas deben contar con “respaldo político, jurídico y social para cumplir su mandato constitucional”.
Aunque el cierre del documento expresa un compromiso “con las víctimas”, no hace mención a las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido ni aborda las responsabilidades de los agentes del Estado. Tampoco diferencia claramente entre las manifestaciones pacíficas y los actos de violencia.
Las demandas sociales que motivaron las movilizaciones tampoco se desarrollan: la referencia a una “crisis social” da paso a un relato centrado en la destrucción, la inseguridad y las responsabilidades políticas que los firmantes atribuyen a otros sectores.
