En Castro, región de Los Lagos, se formalizó a los presuntos líderes de una supuesta secta que operaba en la Comunidad Cahuala de Chonchi. La Fiscalía presentó cargos por asociación ilícita y trata de personas contra Enrique Urrutia y María Pinto, quienes quedaron con arraigo nacional, firma mensual y prohibición de acercarse o comunicarse con las víctimas.
Esta audiencia judicial, que había sido reagendada en dos ocasiones previas, se llevó a cabo bajo reserva, según lo decretado. Durante el procedimiento, los imputados conocieron las acusaciones formuladas en su contra, dando inicio a una investigación formal por los delitos imputados.
El Ministerio Público fijó un plazo inicial de 5 meses para la realización de nuevas diligencias que permitan esclarecer los hechos. Este periodo buscará recabar más pruebas y testimonios para fortalecer la indagatoria.
Por su parte, Cristóbal Grunwald, abogado defensor de Urrutia y Pinto, declaró que su estrategia no se basa en una teoría particular, sino en la prescripción de los hechos denunciados. Según su análisis, los ilícitos habrían ocurrido en un rango de tiempo que excede los plazos legales para su persecución.
“Hay un grupo de personas que hace bastante tiempo vienen realizando acciones en contra de la comunidad de Cahuaala y son personas que alguna vez han tenido algún tipo de contacto con la comunidad y que salieron hace mucho tiempo y que ahora, después de mucho tiempo, ven en la prosperidad de la comunidad una oportunidad de generar un ingreso, a mi modo de ver, indebido.”
El abogado insinuó que las denuncias tendrían una motivación económica por parte de un grupo de exmiembros de la comunidad, quienes, según él, buscan obtener un beneficio indebido aprovechando la actual prosperidad del grupo.
A pesar de la reserva de la causa, el Poder Judicial confirmó que los presuntos ilícitos se habrían perpetrado entre los años 1999 y 2015 en el sector de Cahuala, Chonchi.
