El juicio oral contra el clan familiar “Los Quilodrán” comenzó este lunes, enfrentando cargos por un fraude millonario al Estado. La Fiscalía acusa a esta organización de haber orquestado un complejo esquema basado en la creación de empresas de fachada y la incorporación de aproximadamente 800 falsos trabajadores. El objetivo era obtener subsidios por incapacidad laboral mediante la presentación de licencias médicas falsas, generando un perjuicio fiscal que, según la investigación, supera los 5.350 millones de pesos.
El fiscal Álvaro Pérez, de la Unidad Especializada de la Fiscalía Oriente, detalló el modus operandi y la distribución de roles dentro de la estructura. Explicó que las sociedades ficticias empleaban a personas que no realizaban ninguna actividad real, pero eran dadas de alta para recibir licencias médicas y, con ellas, subsidios que finalmente retornarían a los líderes del grupo.
La investigación se inició en febrero de 2023, a raíz de informes de auditoría interna remitidos por la Superintendencia de Seguridad Social. Estos documentos provenían de la Caja de Compensación Los Héroes y alertaban sobre patrones irregulares en tres empresas específicas. Las auditorías detectaron un elevado número de trabajadores con licencias médicas repetitivas, rentas imponibles sospechosamente altas y uniformes, y un alto porcentaje de empleados con menos de seis meses de antigüedad que ya se encontraban con licencia.
Según el Ministerio Público, la estructura estaba encabezada por un clan familiar chileno, que habría utilizado las sociedades para incorporar a los falsos trabajadores y, posteriormente, retornar los recursos a los líderes de la organización. La Fiscalía también acusa lavado de activos. La investigación identificó, según el ente persecutor, la trazabilidad de los recursos a través de productos financieros y la adquisición de bienes, incluyendo al menos siete propiedades.
El Ministerio Público sostiene que los recursos obtenidos ilícitamente fueron objeto de lavado de activos, con la identificación de su trazabilidad a través de productos financieros y la adquisición de bienes, como siete propiedades. Este mecanismo, afirman, permitió a los cabecillas del clan beneficiarse directamente del fraude.
Por su parte, la defensa de una de las acusadas, representada por el abogado penal público Juan Pablo Gómez, planteó un contrapunto a la tesis fiscal. El jurista argumentó que el perjuicio atribuido a sus representados incluye un déficit estructural del sistema de salud que no debería ser imputado directamente a los acusados. En su declaración, Gómez sostuvo que los imputados solo deberían responder por las acciones específicas que se les atribuyen, y no por deficiencias inherentes al sistema mixto de salud.
La Fiscalía ha solicitado penas de hasta 20 años de cárcel para quien considera el líder de la organización, y más de 15 años para otros integrantes. El juicio busca establecer las responsabilidades individuales y colectivas en este millonario fraude que impactó las arcas del Estado a través del sistema de subsidios por incapacidad laboral.
