La Comisión Mixta que revisó el proyecto de ley para perfeccionar las expulsiones administrativas concluyó su trabajo de forma unánime, despachando su informe final. Esta iniciativa se enmarca dentro del Plan de Reordenamiento Migratorio del Gobierno y busca ajustar la normativa para agilizar estos procedimientos, al mismo tiempo que garantiza el respeto a los derechos de las personas.
Aunque el objetivo principal era resolver las diferencias sobre el plazo de prohibición de ingreso al país, la instancia también abordó observaciones de la Corte Suprema y el Ministerio Público. Una preocupación clave era evitar que las expulsiones administrativas obstaculizaran investigaciones penales en curso, tema que marcó el inicio de la sesión.
El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, aseguró que el proyecto contempla una coordinación obligatoria con la Fiscalía. De esta manera, antes de que la Policía de Investigaciones (PDI) ingrese a un domicilio para concretar una expulsión, deberá consultar de forma confidencial al Ministerio Público sobre la existencia de investigaciones penales prevalentes que puedan verse afectadas.
“Se ajustaran a la normativa, respetando y garantizando derechos de las personas, pero también evitando que, por perseguir una expulsión, pudiéramos entorpecer una investigación de mayor envergadura y, por lo tanto, también hoy día van a conversar de mejor manera los servicios públicos”
Así lo expresó la senadora Danisa Astudillo, presidenta de la Comisión Mixta, quien valoró la disposición del Ejecutivo y los parlamentarios para llegar a acuerdos. Entre los consensos alcanzados, se fijó un período mínimo de cinco años de prohibición de ingreso al país para los extranjeros expulsados, una medida ya aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados.
Otro punto relevante es que los extranjeros en situación irregular que estén formalizados o acusados por delitos con penas que no superen los tres años podrán ser expulsados. En estos casos, el procedimiento penal quedará suspendido mientras la persona permanezca fuera del territorio nacional.
Pavez destacó una nueva y significativa facultad que tendrá la PDI: la posibilidad de ingresar a un domicilio con autorización previa de un juez de garantía. Esta medida se aplicará exclusivamente cuando exista una orden de expulsión debidamente establecida y tendrá como único fin detener a la persona para concretar su salida del país.
El senador republicano Renzo Trisotti calificó este avance como un paso fundamental en materia de seguridad. “Esperamos que este proyecto pueda contribuir a que el Estado tenga todas las herramientas para poder expulsar rápido y para que estas personas, por un tiempo muy largo, no puedan volver a ingresar a nuestro país”, afirmó.
Con el despacho unánime de la Comisión Mixta, el informe del proyecto ahora debe ser ratificado por las salas de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado para finalizar su tramitación legislativa y convertirse en ley.
