Cuatro funcionarios de Carabineros han fallecido en incidentes violentos desde el inicio del gobierno de José Antonio Kast, generando un duelo nacional y llamados a fortalecer la seguridad. Aunque el gobierno ha respondido con homenajes institucionales y ascensos póstumos, las circunstancias de cada muerte son distintas y no todas encajan en una misma categoría.
Uno de los casos es el del sargento segundo Javier Figueroa Manquemilla, quien murió el 19 de marzo tras ser herido de bala en Puerto Varas, región de Los Lagos. Aunque Carabineros lo reconoció póstumamente como suboficial mayor y mártir institucional, la Fiscalía Regional de Los Lagos mantiene la investigación abierta con diversas hipótesis. Inicialmente se manejó la agresión de terceros, pero nuevos antecedentes sugieren que el proyectil podría haber salido de su propia arma de servicio. El Ministerio Público ha realizado más de 30 diligencias y continúa con pericias para esclarecer lo ocurrido.
El cabo primero Marcos Javier Cosme Barquero falleció en julio en la región de Los Ríos, tras recibir un impacto balístico en el rostro durante un procedimiento policial. El operativo buscaba a un prófugo vinculado al homicidio de otro suboficial mayor en 2020. Cosme, con 13 años de servicio y especialización en el GOPE, fue reconocido como mártir de la institución y sus funerales destacaron su sacrificio en cumplimiento del deber.
En agosto, el cabo segundo Alejandro Ortiz Vásquez, de 32 años y adscrito a la Subcomisaría Conchalí Norte, fue encontrado sin vida en Renca con un disparo en el rostro. Al momento de su muerte, Ortiz se encontraba de franco. La Fiscalía y la PDI asumieron la investigación para determinar las circunstancias y el motivo del crimen. Posteriormente, dos individuos, incluido Claudio Valdivia Erazo, alias “Chureja”, fueron imputados como presuntos autores materiales y quedaron en prisión preventiva.
El caso más reciente es el del cabo segundo Cristopher Andrés Aguilera Fernández, de 30 años, quien murió este domingo tras recibir un disparo en la cabeza durante un procedimiento policial en Lo Espejo. Estas tragedias han provocado una urgente demanda por la aceleración de la agenda de seguridad por parte de la administración de Kast, en un contexto donde no todas las muertes de funcionarios policiales responden a un patrón único de agresión externa.
