Natalia Álvarez Murillo, dueña de Probarte Banquetería SpA, se presentó ante el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, donde se ordenó su prisión preventiva. La empresaria, quien estaba inubicable desde junio, enfrenta acusaciones de estafar a cerca de 60 novios en la región de Valparaíso.
Álvarez insistió en su inocencia y afirmó que la demostrará. Sus declaraciones se producen luego de que una apelación de los querellantes y el Ministerio Público revirtiera su libertad bajo una caución de $5 millones.
La defensa de Álvarez recurrió a varias instancias judiciales, incluyendo la Corte Suprema, antes de que la banquetera se entregara. “Me vengo a presentar, que es lo que se debe hacer, y luego voy a demostrar mi inocencia de todos los cargos”, dijo a Mega al ingresar al Juzgado.
Según Álvarez, existe “mucha información tergiversada, que no corresponde y no se ha dicho toda la verdad” sobre su caso. También negó haberse mantenido oculta o haber intentado evadir la justicia, señalando que esperaban la resolución de la Corte Suprema.
“Ya no existiendo ninguna vía legal y judicial que proceda en este país, lógicamente que determina y era claro que se iba a presentar ante los tribunales de justicia”, afirmó Pablo Ehrenberg, abogado defensor de la banquetera.
Ehrenberg criticó la calificación de “estafa reiterada”, argumentando que se adelanta a los hechos y vulnera la presunción de inocencia de su representada. “Toda persona es inocente mientras no exista un juicio. Así que, desde ese punto de vista, el día de hoy mi representada es inocente”, enfatizó.
El abogado explicó que los contratos entre los afectados y la empresa Probarte son dependientes de José Galarce, cónyuge de la coimputada, y no de Álvarez. Detalló que algunos contratos estipulaban la pérdida de parte de los montos entregados si los clientes desistían del matrimonio, sugiriendo que la investigación debería centrarse en incumplimientos contractuales, no en estafa.
Respecto a los matrimonios que no recibieron el servicio, el defensor señaló que de los cuatro casos conocidos, tres no habrían pagado la totalidad acordada, mientras que en uno sí se habría cubierto el monto completo. Concluyó que el verdadero responsable sería José Galarce, dueño de Probarte.
