Este domingo se definirá la situación cautelar del subcomisario de la PDI Pablo Gajardo Romo y otros tres implicados en una investigación por secuestros extorsivos. La audiencia se retomará a las 9 de la mañana en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, tras una sesión que se extendió durante este sábado.
Durante la formalización, dirigida por el magistrado Mario Cayul, el fiscal supraterritorial Miguel Ángel Orellana presentó los antecedentes del caso. Los cuatro acusados —tres civiles y el subcomisario Gajardo— escucharon cómo la Fiscalía solicitaba prisión preventiva, mientras sus defensas rechazaban los cargos por asociación criminal y secuestro.
Los abogados defensores argumentaron que sus representados no representan un peligro para la investigación ni para la sociedad, solicitando medidas alternativas. Entre estas figuran arresto domiciliario, arraigo nacional, prohibición de acercarse a las víctimas y restricción de comunicación con otros imputados.
Inicialmente, el juez propuso extender la audiencia hasta el lunes, pero la Fiscalía se opuso, citando la necesidad de preparar la formalización de otros tres detenidos programada para el martes. Este grupo fue arrestado el jueves pasado.
Los cuatro imputados que enfrentan cargos forman parte de una red dedicada a secuestros extorsivos. Esta banda operaba simulando procedimientos policiales en un inmueble adaptado como cuartel de la PDI, donde retenían a las víctimas para exigir elevadas sumas de dinero a cambio de su liberación.
Esta audiencia se suma a las medidas cautelares decretadas el viernes, cuando el tribunal dictaminó prisión preventiva para el exfiscal Vinko Fodich, el inspector de la PDI Rodrigo Navarrete Umaña y Luis Moraga Parisi, primo del excandidato presidencial Franco Parisi.
En total, la investigación mantiene a 10 personas detenidas, incluyendo exautoridades y funcionarios policiales. La Fiscalía Supraterritorial ha imputado delitos de asociación ilícita, secuestro extorsivo, extorsión y tenencia ilegal de armas y municiones. Se ha fijado un plazo de 150 días de investigación para esclarecer los roles y posibles vínculos de los acusados con redes internacionales de narcotráfico.
