El director general de la PDI, Eduardo Cerna, envió un oficio al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago para rechazar que tres detectives imputados por secuestro cumplan la prisión preventiva en cuarteles de la policía civil. Esta medida se enmarca en la investigación por secuestro extorsivo en la Región Metropolitana, donde siete personas fueron formalizadas, entre ellas el exfiscal Vinko Fodich y el inspector de la PDI, Rodrigo Navarrete Umaña.
El tribunal decretó prisión preventiva para Fodich, Navarrete Umaña y Luis Moraga Parisi, primo del excandidato presidencial Franco Parisi. Inicialmente, se había informado que las detenciones de Stefano Andreotti y Claudio Navarrete fueron ampliadas hasta el martes.
El fiscal Supraterritorial Miguel Ángel Orellana detalló que los imputados enfrentan cargos por asociación criminal, secuestro extorsivo y extorsión, además de tenencia ilegal de arma de fuego, municiones y fuegos artificiales. Orellana había solicitado prisión preventiva para todos los implicados, pero la audiencia se extendió. Las defensas de Navarrete Umaña, Vinko Fodich y Moraga Parisi se allanaron a la medida cautelar.
“Dentro de los antecedentes con los que se justificó la necesidad de cautela, estaba el hecho de que todos los imputados tuvieran plena conciencia de que el plan criminal de esta organización suponía la participación de funcionarios de la PDI”, declaró Orellana.
El fiscal subrayó la implicancia de funcionarios activos de la policía civil como justificación para la cautelar más gravosa. El oficio de Eduardo Cerna manifestó una “opinión negativa” respecto al cumplimiento de la prisión preventiva en recintos institucionales para los imputados Pablo Gajardo Romo, Rodrigo Navarrete Umaña y Sebastián Gajardo Rojas.
El documento se basa en el artículo 23 del Decreto Ley N° 2.460 de 1979, Ley Orgánica de la PDI. Esta norma establece que los funcionarios privados de libertad por hechos del servicio permanecen en cuarteles institucionales, pero si los hechos no son propios del servicio, esto ocurre “solo a petición del señor Director General”.
El oficio recalca que el Director General de la PDI “no ha realizado, ni realizará petición alguna” en este caso. Los hechos imputados, según el documento, “no son propios del servicio, no han ocurrido en el ejercicio legítimo de las funciones propias de nuestra institución, constituyen delitos graves y pugnan absolutamente con la doctrina institucional”. Además, se argumenta que la PDI no cuenta con la infraestructura ni las condiciones adecuadas para el cumplimiento de prisión preventiva en sus dependencias.
