La reforma de seguridad que impulsa el Gobierno busca un camino para destrabarse en el Senado. Oficialismo y oposición están delineando una propuesta que incluye medidas de excepción, fortalecimiento penitenciario y mecanismos para identificar organizaciones criminales, en un contexto de urgencia por parte del Ejecutivo y reticencias de algunos sectores de la oposición.
El senador de Renovación Nacional, Andrés Longton, ha confirmado que existe un «100 por ciento de acuerdo» sobre un paquete de indicaciones sustitutivas. Estas serían presentadas junto al senador republicano Arturo Squella, para luego ser socializadas con la Comisión de Constitución del Senado antes de su comunicación formal al Gobierno.
Los ejes principales de esta propuesta se centran en reforzar el actual Estado de Excepción, introducir modificaciones al régimen penitenciario y establecer un sistema para categorizar a las organizaciones criminales. Longton destacó que la iniciativa es razonable y que busca el respaldo de los senadores opositores en la comisión.
“Ya estamos de acuerdo en el 100% de la propuesta. El primer paso es que claramente la oposición tenga sintonía con esta propuesta, que abre el espacio para, por ejemplo, tener regímenes penitenciarios más estrictos, fortalecer el Estado de Emergencia y establecer el crimen organizado dentro del catálogo del artículo 9”, explicó.
Desde el Ejecutivo, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, solicitó más tiempo al Senado para alcanzar un consenso, descartando cualquier votación en la comisión sectorial durante septiembre. Arrau insistió en que el Gobierno no está «enamorado» de ninguna redacción específica, priorizando los proyectos que impactan directamente a la ciudadanía.
“Hemos sabido que los senadores de esa comisión han tenido conversaciones, están llegando a algunos acuerdos. Démosle algún tiempo en esta semana para que se llegue a ese acuerdo transversal. El Gobierno no está enamorado de una redacción en particular. Nuestra prioridad por ahora está en este tipo de proyectos prácticos, concretos, que afectan directamente a la gente”, puntualizó Arrau.
A pesar de los avances, la propuesta genera dudas en la oposición. El jefe de bancada del Partido Socialista e integrante de la comisión de seguridad, Juan Luis Castro, señaló que no se han presentado argumentos suficientes para justificar los cambios al actual Estado de Excepción.
“Todo indica que la falta de piso político ha llevado a retroceder al Gobierno, a tal punto de buscar amontonar lo que va quedando del esqueleto de ese proyecto de reforma. Lo que vamos a escuchar es que hay un tono, pero nadie da un argumento de por qué habría que insistir en un Estado de Excepción acotado”, subrayó Castro.
Otros senadores oficialistas, como Javier Macaya (UDI) y el independiente Rodolfo Carter, minimizan la discusión actual, abogando por proyectos de ley concretos. Carter calificó la situación como una «discusión dogmática, que responde más a los traumas de la élite política», enfatizando la necesidad de perseguir delincuentes. Senadores opositores, si bien fueron consultados informalmente sobre la indicación, niegan haber participado en su elaboración o haber comprometido su apoyo a una versión más acotada de la iniciativa.
