Ante la posibilidad de que alguno de los parlamentarios bajo investigación del Ministerio Público pierda su fuero, la Mesa del Senado ha iniciado un proceso para modificar el reglamento interno de la corporación. Esta iniciativa busca anticipar las repercusiones que la eventual salida de un senador podría tener en el funcionamiento de la Cámara Alta y en el equilibrio de las fuerzas políticas actuales.
La directiva del Senado, conformada por su presidenta Paulina Núñez y el vicepresidente Iván Moreira, trabaja en esta nueva normativa en conjunto con el Consejo para la Transparencia. El análisis se centra en el escenario que se abriría si algún legislador pierde su protección parlamentaria, con el objetivo de tener una propuesta lista para ser discutida una vez finalizado el año legislativo.
Entre los parlamentarios mencionados en diversas investigaciones se encuentran Sergio Gahona, Miguel Ángel Calisto, Camila Flores, Alejandro Kusanovic, Loreto Carvajal, Matías Walker y Karol Cariola. Cada uno enfrenta causas diferentes, y sus procesos se encuentran en distintas etapas. Actualmente, el caso del senador independiente Miguel Ángel Calisto es el que podría avanzar más rápidamente hacia una solicitud de desafuero, en el marco de una investigación por presunto fraude al fisco vinculado a asesorías parlamentarias. Sin embargo, la audiencia para levantar su fuero fue suspendida tras la reapertura de la investigación.
El posible desafuero no solo genera inquietud por las consecuencias judiciales para el parlamentario, sino también por el impacto en la composición del Senado. El senador socialista Gastón Saavedra explicó que si Calisto fuera desaforado, “las mayorías se van a alterar y eso seguramente va a dificultar al gobierno en la tramitación legislativa”.
Actualmente, el Senado cuenta con 50 integrantes, y el oficialismo suma 23 escaños. Esto significa que necesita apoyos adicionales para alcanzar los 26 votos necesarios para una mayoría absoluta. Si un senador fuera desaforado, el número de integrantes activos se reduciría a 49, y el quórum para la mayoría absoluta bajaría a 25 votos. A pesar de esto, el oficialismo seguiría dependiendo de negociaciones con otros sectores para aprobar sus proyectos clave.
El senador republicano Rojo Edwards advirtió que una situación de este tipo también podría tener consecuencias para el gobierno: “Podrían ver afectado ese equilibrio que le permite aprobar su agenda, por dos o tres investigaciones a parlamentarios que no van a poder ejercer el voto, sin haber sido declarados culpables.”
La Mesa del Senado incluso consideró un mecanismo para reemplazar a un parlamentario desaforado, pero esta opción fue descartada debido a los tiempos legislativos. El enfoque actual es establecer reglas claras para enfrentar un eventual desafuero y anticipar sus efectos en el funcionamiento y las mayorías del Senado.
