El Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Chile ha determinado la expulsión unánime de Ariel Esteban Wolfenson Rivas, conocido por autodenominarse el “mejor abogado de Chile”. La decisión, detallada en una sentencia de 105 páginas, se basa en seis denuncias de clientes que acusaron al jurista de diversas faltas graves a la conducta profesional.
Según el fallo, Wolfenson “se alejó consistentemente y de forma contumaz de los deberes de conducta que la institución impone para todos sus miembros”. Entre las acusaciones más graves figuran el abandono sistemático de clientes, engaños deliberados sobre el progreso de los juicios, cobros injustificados y una “absoluta falta de diligencia técnica”. La sentencia quedó firme el 2 de octubre, al no presentarse recurso de apelación.
El jurista intentó renunciar al gremio, pero se le comunicó que no podía hacerlo mientras existieran procedimientos pendientes. Esto llevó a Wolfenson a cuestionar al Colegio de Abogados y a “anunciar eventuales acciones judiciales” contra la entidad. Incluso, una clienta que quiso presentar una denuncia posterior descubrió que el abogado ya había sido expulsado.
La resolución, firmada por los jueces Rafael Ferrada, Paula Vial, María Corvalán, Javiera Farías y Natalia García, describe cómo Wolfenson captaba clientes principalmente a través de internet, utilizando una agresiva estrategia de marketing en la que garantizaba una alta probabilidad de éxito en sus casos.
Uno de los ejemplos más dramáticos citados es el de una pareja de adultos mayores a quienes representó en una causa para visitar a sus nietos. Wolfenson ingresó la petición en una causa incorrecta donde sus representados no eran parte, ignoró medidas cautelares vigentes y el tribunal rechazó todas sus gestiones. Cuando sus clientes descubrieron la verdad, el abogado se negó a devolver documentos sensibles, como informes psicológicos, si no se le pagaban cuotas atrasadas, además de amenazarlos con acciones legales.
En otro caso, un cliente que lo contrató por una negligencia médica no obtuvo una pericia psicológica clave para acreditar el daño emocional. El tribunal falló a favor del cliente por daño emergente, pero rechazó la indemnización de $40 millones por daño moral. Posteriormente, ante un inminente embargo de la casa de este mismo cliente, Wolfenson se presentó en el tribunal dos días después de que la propiedad ya había sido rematada y adjudicada al banco.
Además, en una causa por la compra de un vehículo, el abogado llegó tarde a una audiencia crucial, justificándose con un supuesto accidente de tránsito del que no aportó pruebas. El caso más mediático fue una querella por apropiación indebida en la compra de un terreno en Aysén, formalizada por la Fiscalía de Las Condes a mediados del 2025. Wolfenson se querelló contra Canal 13 por un reportaje y contra el Colegio de Abogados, pero ambas acciones fueron rechazadas y fue condenado a pagar $1,5 millones en costas de juicio, suma que aún no ha cancelado a pesar de que la resolución fue ratificada por la Corte Suprema en abril pasado.
Con estos antecedentes, el Colegio de Abogados concluyó que Ariel Wolfenson infringió gravemente el Código de Ética Profesional, resultando en su inhabilitación para ejercer la abogacía.