Las empresas concesionarias de cárceles podrían recibir pagos millonarios por sobrepoblación penal, una situación que gremios de Gendarmería habían anticipado. El Senado, por su parte, ha instado a revisar los contratos vigentes y a acelerar la construcción de nuevos recintos para aliviar el hacinamiento.
Un informe reveló que el Estado chileno podría desembolsar hasta 38 mil millones de pesos a las concesionarias hacia fines de 2026 debido al exceso de reclusos. Ya el año pasado, las multas por este concepto sumaron 16 mil millones de pesos, dado que los contratos establecen un límite de población carcelaria que, al ser superado, activa estas sanciones.
“Ese es el negocio de las cárceles concesionadas. Hay un discurso mentiroso respecto de que quieren bajar los niveles de ingreso de imputados a las cárceles, cuando en la práctica a los privados que están a cargo de las concesiones les interesa que el tema delictual vaya en aumento. Si el negocio está en eso, en que ojalá se sobrepase la capacidad máxima para que el Estado empiece a pagar las multas correspondientes de acuerdo a los contratos de concesiones”.
Óscar Ulloa, abogado y exdirigente gremial de Gendarmería, atribuyó esta coyuntura al incremento de la delincuencia y al aumento de las prisiones preventivas. Ulloa, quien formó parte de Gendarmería durante el lanzamiento del sistema concesionado, lamentó que, a pesar de las advertencias gremiales de entonces, “ahora nadie va a decir absolutamente nada”.
El senador Gastón Saavedra (PS) planteó la necesidad de abordar este problema desde dos frentes: una revisión exhaustiva de los contratos de concesión y la edificación urgente de nuevas prisiones para reducir el hacinamiento. En marzo de este año, el penal Bío Bío de Concepción se ubicaba como el cuarto con mayor sobrepoblación y monto de multas a nivel nacional, superado solo por Santiago 1, Alto Hospicio y Antofagasta.
