Más de 280 organizaciones y personas de diversos países han expresado su respaldo a Fundación Libera y Ecoceanos, dos ONG chilenas que denunciaron ante las autoridades de Estados Unidos presuntos casos de trabajo forzoso en sectores exportadores de Chile.
En una declaración difundida por El Reporte Diario, los firmantes acusaron una “campaña de amedrentamiento e intimidación” contra ambas organizaciones. Esta campaña, aseguran, se desató en redes sociales y ha sido impulsada por “figuras públicas del Estado y del empresariado”, lo que ha llevado a las ONG a solicitar protección.
La controversia se originó cuando Libera y Ecoceanos participaron en investigaciones bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de Estados Unidos. En estas instancias, presentaron objeciones sobre las condiciones laborales en sectores como la agricultura y la salmonicultura.
La situación se intensificó después de que Estados Unidos impusiera nuevos aranceles a productos chilenos, y ambas organizaciones fueron señaladas públicamente como responsables de esta decisión. Sin embargo, Libera y Ecoceanos han negado haber solicitado la aplicación de aranceles, argumentando que su objetivo fue denunciar la explotación laboral a través de mecanismos internacionales y presionar por cambios regulatorios que, según ellos, no han avanzado lo suficiente en Chile.
Las organizaciones que firmaron la declaración critican que se responsabilice a las ONG por decisiones del gobierno estadounidense, calificando esto como “falaz y éticamente reprochable”. Afirman que esta narrativa “alimenta un ambiente de desconfianzas y odiosidad hacia las organizaciones de la sociedad civil”.
El 27 de julio, las ONG activaron el protocolo de protección de defensores de derechos humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, pero un mes después, no han recibido respuesta. Además, informaron a Naciones Unidas, específicamente al Relator Especial sobre defensores de derechos humanos, quien ha indicado que los antecedentes están en estudio.
Entre las 166 organizaciones y 122 personas que apoyan la declaración, figuran entidades internacionales de renombre como Anti-Slavery International, Greenpeace USA, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), Human Rights Law Centre y Worker Rights Consortium. En Chile, se suman ANEF, CODEPU, Corporación Humanas y Serpaj, entre otras.
Los firmantes exigen el cese del hostigamiento contra Libera y Ecoceanos y hacen un llamado a las autoridades y representantes empresariales para que eviten declaraciones que estigmaticen a quienes denuncian vulneraciones laborales. También instan al Estado chileno a implementar medidas “concretas y verificables” para proteger a los defensores de derechos humanos y a establecer una política obligatoria de debida diligencia en derechos humanos para los sectores exportadores, con un enfoque particular en la agricultura y la salmonicultura.
La labor de quienes documentan y denuncian violaciones a los derechos humanos en el ámbito empresarial no es un obstáculo al desarrollo económico del país. Es una condición necesaria para que ese desarrollo sea compatible con la dignidad humana.
