El Gobierno presentó este miércoles el proyecto de ley “Cautelares Reforzadas”, una iniciativa que busca intensificar la protección de las víctimas de violencia intrafamiliar (VIF) y violencia contra las mujeres. La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, realizó el anuncio acompañada del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, y la subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género, Marcia Raphael.
La propuesta, que ingresó a la Cámara de Diputadas y Diputados, contempla modificaciones a diversas leyes, incluyendo aquellas relacionadas con VIF, tribunales de familia, monitoreo telemático, seguridad municipal y el Código Procesal Penal. Su objetivo principal es establecer sanciones más severas para quienes no cumplan las medidas cautelares o dañen los dispositivos de monitoreo telemático.
“Necesitamos avanzar hacia una protección continua y efectiva para las mujeres víctimas de violencia”, sostuvo la ministra Marín.
Uno de los ejes del proyecto es eliminar los vacíos de protección que surgen cuando una causa se transfiere de un Tribunal de Familia a un Juzgado de Garantía, especialmente cuando existen antecedentes de un posible delito. Se establecen mecanismos para mantener la supervisión judicial y un protocolo de coordinación entre ambas instancias para asegurar la continuidad de las medidas de protección.
Además, la iniciativa introduce una nueva cautelar para el hostigamiento y acecho digital. Esta medida prohibirá a los agresores contactar, amenazar o acosar a la víctima, sus hijos o hijas a través de redes sociales y otras plataformas. El ministro Rabat subrayó que esta violencia digital puede tener graves consecuencias psicológicas y, en ocasiones, escalar a agresiones físicas.
El proyecto amplía las herramientas de fiscalización, permitiendo la participación de inspectores de seguridad municipal en el control en terreno de las medidas. También elimina el requisito de formalización para acceder al monitoreo telemático y sanciona a quienes dañen estos dispositivos. Se obliga, además, a informar a Gendarmería sobre las resoluciones de monitoreo.
Un aspecto clave es que el incumplimiento de medidas cautelares, como una prohibición de acercamiento, será un factor a considerar por los tribunales al decidir la prisión preventiva, sin que esta sea automática. Finalmente, la propuesta permite la designación de un juez especializado en VIF en tribunales de garantía con más de tres magistrados, buscando mayor especialización y agilidad en estos casos.
