El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, asumió la completa responsabilidad de la controvertida reforma constitucional de seguridad, rechazando las críticas sobre su redacción y las peticiones para retirarla. Arrau enfatizó su rol como el encargado de las políticas de seguridad del Gobierno y, por ende, el principal responsable de la iniciativa.
Durante una consulta sobre las dudas que generó el texto, criticado tanto por la oposición como por el oficialismo, el secretario de Estado afirmó: “Esa reforma tiene la firma del ministro quien le habla, quien es responsable de las políticas de seguridad de este gobierno y, por tanto, yo soy el responsable de ese proyecto de ley”. Aseguró que se hace cargo de todas las objeciones y que ha dialogado con parlamentarios para buscar mejoras y avanzar en el proyecto.
Sin embargo, Arrau subrayó que esta reforma es solo una parte de una «cartera muy potente» con otros proyectos de mayor urgencia. Esta declaración se alinea con la decisión del Gobierno de retirar la urgencia legislativa de la reforma, lo que el ministro del Interior, Claudio Alvarado, interpretó como una muestra de la «voluntad del Gobierno para escuchar».
El ministro de Seguridad también rechazó la idea de retirar la reforma, argumentando que se están “aunando voluntades” y que es preferible dar más tiempo para ajustes en lugar de desistir. Destacó la importancia de tramitar otras iniciativas prioritarias como las reglas del uso de la fuerza, infraestructura crítica, mejoras para Carabineros y la PDI, la Ley Naín-Retamal 2.0 y la Ley Antibarricadas.
Arrau manifestó confianza en lograr consensos para la reforma constitucional, desestimando las polémicas mediáticas.
“No me voy a hacer cargo de las polémicas, de lo que cubren los medios, lo que hablen los opinólogos o escriban las editoriales, pero son cerca de 30 proyectos de ley que estamos tramitando, y yo digo que vean ustedes cuáles son los que tienen nivel de urgencia más alto, y no es este proyecto”
. En cuanto a las comparaciones con regímenes extranjeros sobre el estado de excepción propuesto, respondió: “Sobre esos epítetos que nos comparan con ciertos regímenes, por favor… Lo que estamos proponiendo aquí son estados de excepción constitucional muy parecidos a los que existen hoy en día, con lógicas diferentes; este es un estado policial para la población, para hacernos cargo del crimen organizado; es la única diferencia. Pero todas las facultades que están ahí están contenidas hoy en nuestro ordenamiento constitucional en diferentes estados de excepción constitucional. Y yo llamaría a las personas que opinan que lean el proyecto y se informen un poco”.
El objetivo de la reforma es crear una nueva figura de estado de excepción constitucional ante amenazas graves a la seguridad pública, con una duración máxima de 120 días, prorrogables sin necesidad de aprobación congresional. Esta medida permitiría suspender libertades individuales, el derecho de locomoción y de reunión, interceptar comunicaciones, requisar bienes y disponer la colaboración de fuerzas armadas con seguridad.
Finalmente, Arrau defendió las facultades propuestas, como un listado de “organizaciones criminales y terroristas” y un “régimen penitenciario especial para las personas condenadas por crimen organizado y terrorismo”. Refutó nuevamente las comparaciones con regímenes autoritarios, insistiendo en que la propuesta no amenaza la democracia, ya que “lo que hemos propuesto tiene control del Congreso”.
