La reciente decisión del Gobierno de retirar su reforma constitucional en materia de seguridad ha redefinido el debate sobre las estrategias para enfrentar el crimen organizado en el país. La propuesta no logró el consenso necesario en el Senado, lo que impidió su avance en la tramitación.
El proyecto gubernamental buscaba establecer un nuevo Estado de Excepción de Seguridad Pública, otorgando al Ejecutivo mayores atribuciones para responder a escenarios de violencia y delincuencia. Sin embargo, su discusión generó discrepancias significativas en torno al alcance de estas facultades y los mecanismos de control presidencial.
Desde el Partido Socialista, el diputado José Antonio Rivas calificó la reforma como un fracaso y consideró su retiro una noticia positiva para Chile.
Mientras la iniciativa del Gobierno se archiva, la discusión sobre una reforma constitucional en seguridad no concluye, sino que se redirige hacia una vía alternativa. Un grupo de senadores está elaborando una nueva propuesta que será presentada durante la semana.
Esta iniciativa alternativa busca abordar aspectos similares, pero con un enfoque distinto al planteado inicialmente por La Moneda. El senador Andrés Longton, uno de sus promotores, reconoció que hay objetivos compartidos con el Gobierno, como la lucha contra el crimen organizado y la necesidad de fortalecer las herramientas del Estado mediante el Estado de Emergencia, así como la posibilidad de segregar a delincuentes de alta peligrosidad.
La nueva propuesta incorpora también modificaciones relacionadas con el tratamiento constitucional del crimen organizado y el sistema penitenciario. Su objetivo es establecer mecanismos diferenciados para delincuentes según su nivel de peligrosidad.
Longton enfatizó que las diferencias con el proyecto original del Ejecutivo no son un impedimento para buscar puntos de encuentro. La expectativa, según el senador, es alcanzar acuerdos durante la discusión parlamentaria de esta nueva propuesta.
Así, el retiro de la reforma gubernamental no cierra el debate sobre las herramientas constitucionales en seguridad. La discusión se traslada ahora a una propuesta alternativa que deberá conseguir el respaldo necesario en el Congreso para avanzar.
La información es de El Reporte Diario.
