Diputadas de diversas bancadas han levantado cuestionamientos sobre la gestión de la exministra de la Mujer, Antonia Orellana, ante reportes de posibles sobrecostos en licitaciones y obras ministeriales. Las parlamentarias Flor Contreras, Tamara Ramírez y Lilian Betancurt del PDG, junto a Catalina Del Real y Macarena Santelices de Republicanos, y Francesca Muñoz del Partido Cristiano, exigen transparencia y la revisión exhaustiva de antecedentes.
La controversia surge a raíz de una minuta interna del Gobierno que habría alertado sobre eventuales diferencias de costos en procesos de licitación. Las legisladoras recalcan que el debate no debe limitarse a declaraciones políticas, sino que exige el examen de documentos financieros, auditorías y antecedentes técnicos para determinar si hubo un perjuicio fiscal.
Desde el PDG, las diputadas coincidieron en la necesidad de resolver la situación con información verificable.
“Ante acusaciones de esta gravedad no podemos quedarnos en un debate de declaraciones cruzadas”, afirmó Contreras, subrayando que “en el contexto de déficit fiscal que atraviesa el país, cada recurso público cuenta”.
Ramírez añadió que la ciudadanía demanda “claridad y transparencia absoluta” en el uso de los recursos estatales, instando a ambas partes a presentar respaldos. Betancurt aseguró que su bancada mantendrá una postura basada en antecedentes técnicos, defendiendo que “las platas de todos los chilenos se defienden”.
Las diputadas Catalina Del Real y Macarena Santelices, del Partido Republicano, enfatizaron la importancia de resguardar los fondos públicos.
“Es inaceptable que se intente normalizar un sobrecosto, cuando miles de familias chilenas lo están pasando mal”, declaró Del Real.
Por su parte, Santelices instó a la Cámara a usar sus facultades fiscalizadoras para esclarecer los hechos, afirmando que “ni un solo peso de todos los chilenos puede ser malgastado en burocracia ni en obras cuestionadas”.
Finalmente, la diputada Francesca Muñoz (Partido Cristiano) señaló que las obras cuestionadas corresponden a la administración anterior. Recalcó que “los recursos públicos deben utilizarse de forma eficiente, sobre todo cuando tantas mujeres necesitan apoyo del Estado”. Muñoz valoró que el Ministerio de la Mujer haya derivado los antecedentes a la Contraloría, el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, entidades que deberán determinar eventuales responsabilidades.
