La exministra de la Mujer, Antonia Orellana, refutó la auditoría interna del Gobierno que señala irregularidades en la construcción y habilitación de las nuevas oficinas del ministerio. Orellana calificó de “cifra errónea” los datos presentados, que apuntaban a un sobrecosto del 146% en el proyecto.
La auditoría inicial indicó que el costo final del proyecto habría alcanzado los $2.831 millones, superando significativamente el presupuesto original de $1.100 millones. Sin embargo, Orellana negó esta irregularidad, precisando que la auditoría se basó en un documento preliminar de 2023 que fue modificado posteriormente.
“La auditoría que se conoce por medios se basa en un documento preliminar enviado a Dipres en el marco de la discusión presupuestaria para el año 2023. Esa proyección luego se modificó”, apuntó. “Esto conduce a un error que se puede comprobar revisando el presupuesto real de la Subsecretaría entre 2023 y 2026. Por eso el sobrecosto que calculan (146%) también está incorrecto. Las obras siempre se proyectaron en más de $2.200 millones, y ese monto se fue ajustando durante la ejecución, tal como consta en los presupuestos aprobados por el Congreso cada año, que son públicos“, subrayó la exministra.
Orellana defendió que el proceso se ajustó a la normativa, afirmando que las cinco licitaciones de remodelación sumaron un total de $2.452.471.883 a marzo de 2026. Esto representa un incremento del 5% sobre la formulación inicial, no un 146%, y lo considera dentro del rango debido a atrasos por solicitudes de la DT y el SII. “Desconozco el porqué se difunde una cifra errónea”, remarcó.
El proyecto, iniciado en 2023, tenía como objetivo trasladar el ministerio desde sus antiguas dependencias en Catedral 1401 a un inmueble fiscal que albergó al diario La Nación, buscando generar un ahorro al Estado al finalizar el contrato de arriendo previo.
A pesar de las explicaciones de Orellana, la auditoría también consigna otros hallazgos. Entre ellos, $120 millones asociados al término anticipado del arriendo anterior y una proyección de $494 millones adicionales para futuras reparaciones y habilitaciones en el nuevo edificio. Además, la auditoría señaló presuntas irregularidades en los procesos de adjudicación de obras y en las condiciones de seguridad y habitabilidad del inmueble.
Ante estas observaciones, la Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género ya remitió los antecedentes al fiscal regional Metropolitano Centro Norte, a la Contraloría General de la República y al Consejo de Defensa del Estado, lo que indica que la controversia aún está lejos de resolverse.
