Casi siete años después de los eventos del 18-O, se confirma que la Fiscalía Nacional y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) operaron de forma completamente independiente, sin intercambiar información relevante durante las investigaciones sobre el estallido social. Esta desconexión fue revelada por un oficio enviado a la comisión investigadora de la Cámara, dejando en evidencia un “Estado deficiente” incapaz de coordinar a sus agencias de inteligencia.
La comisión investigadora, impulsada por el diputado libertario Hans Marowski, concluyó sus labores con pocas respuestas concretas sobre la supuesta planificación de la violencia o la intervención extranjera. En cambio, su principal hallazgo fue la profunda precariedad y falta de interoperabilidad de las instituciones estatales, un diagnóstico que generó críticas mixtas entre los parlamentarios.
Durante los tres meses de trabajo, la comisión envió 65 oficios y recibió 50 respuestas consideradas inutilizables, con solo 10 contestaciones certeras y dos bajo reserva. De las 32 personas invitadas a comparecer, solo 17 asistieron, lo que impidió profundizar en aspectos clave de lo ocurrido.
Lo que podemos concluir es que teníamos un Estado deficiente en materias de inteligencia, en materia de persecución penal, con agencias que no eran capaces de interoperar.
El oficio del fiscal nacional, Ángel Valencia, dirigido a la comisión, confirmó que no hubo intercambio de antecedentes entre los persecutores de la Fiscalía (entonces bajo la dirección de Jorge Abbott) y la ANI. El documento no detalla las razones de esta falta de comunicación ni si hubo intentos de solicitud o entrega de información entre ambas entidades.
La falta de coordinación se extendió también al Ministerio del Interior, que, al ser oficiado para conocer los antecedentes de inteligencia, derivó las consultas a la ANI. Sin embargo, la agencia no proporcionó una respuesta escrita a la comisión. Aunque el actual director de la ANI compareció en una sesión secreta, el carácter reservado de su testimonio impidió que su contenido se incorporara públicamente al informe final.
Situación similar ocurrió con las respuestas del Estado Mayor Conjunto (EMCO) y Gendarmería, cuyos oficios también fueron clasificados como reservados, impidiendo su uso público para esclarecer las dudas del estallido social.
Entre las ausencias más destacadas de la comisión figuraron exautoridades clave de octubre de 2019, incluyendo al exministro y subsecretario del Interior, así como a los exdirectores de la ANI y del Instituto Nacional de Derechos Humanos. El diputado Hans Marowski lamentó estas inasistencias, señalando que “esas ausencias impidieron profundizar en lo ocurrido”.
Desde la oposición, el diputado socialista Daniel Manouchehri fue crítico con los resultados de la comisión. Aseguró que “buscaron una conspiración y no encontraron ninguna prueba” y que “no apareció un solo antecedente que acreditara las hipótesis fantasiosas sobre conspiraciones políticas o intervenciones extranjeras. Lo que sí apareció fue un sistema de inteligencia mediocre y descoordinado”.
La comisión también acordó enviar a la Contraloría los antecedentes relacionados con la inasistencia del ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien faltó a dos citaciones. Manouchehri acusó que el secretario de Estado “simplemente no concurrió, pese a la obligación que establece la Constitución”.
Pese a las diferentes interpretaciones políticas, hubo un punto de consenso entre los parlamentarios: el Estado llegó al 18-O con una inteligencia fragmentada y débil. Mientras para Marowski esto fue la principal revelación, para Manouchehri evidenció la falta de una conspiración.
