El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago dio por acreditados provisionalmente los delitos de lavado de activos y fraude por omisión de una oferta pública de adquisición (OPA), en el marco de la investigación del denominado Caso Sartor. La decisión judicial se comunicó este martes, tras dos semanas de audiencias de formalización, donde la Fiscalía presentó los antecedentes para solicitar prisión preventiva para cinco exdirectivos del Grupo Sartor.
Los imputados son Pedro Pablo Larraín, Carlos Larraín, Michael Clark, Sergio Yáñez y Rodrigo Bustamante. Durante la audiencia, el tribunal también consideró acreditados otros ilícitos, como diversos tipos de estafa, que habrían generado un perjuicio superior a los $2.200 millones. A esto se añade la administración desleal en el caso de Gabriela Negrín, y apropiación indebida respecto de Comercial Sur Chile y Credicorp.
Sin embargo, el tribunal no dio por acreditado el delito de contrato simulado en esta fase procesal. La audiencia continuará para analizar la participación individual de cada imputado en los delitos que sí fueron considerados provisionalmente acreditados, para luego abordar la necesidad de cautela y determinar si procede la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público.
Un punto central de las discusiones fue la situación de Michael Clark y su relación con Azul Azul. Su defensa argumentó que su participación se limitó a la adquisición de cuotas de un fondo de inversión que ya poseía el 63% de la sociedad ligada a la Universidad de Chile, lo que, a su juicio, no exigía una OPA. En contraste, el fiscal Juan Pablo Araya replicó que la operación constituyó una toma de control indirecta que sí requería una oferta pública de adquisición, presentando pruebas de la influencia de Clark en decisiones de Azul Azul.
Otro eje del debate se centró en el daño a los inversionistas del Grupo Sartor. Las defensas cuestionaron su responsabilidad, mencionando la actuación de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y un fallo de la Corte Suprema que declaró ilegal la primera decisión de revocar la autorización de Sartor AGF. Por su parte, la parte querellante insistió en que el daño patrimonial ocurrió antes de las acciones de la CMF y que los imputados ya contaban con información sobre la crítica situación financiera del grupo.
El tribunal deberá ahora analizar la participación de los imputados en los delitos acreditados y definir si corresponde la solicitud de prisión preventiva, una decisión clave en el desarrollo de este complejo caso financiero.
