La Fiscalía Nacional ha escalado la denuncia presentada por tres diputados contra Brandon Judd, embajador de Estados Unidos en Chile, a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. La acción judicial busca investigar una posible entrega irregular de información reservada del Sistema de Inteligencia chileno a autoridades estadounidenses.
La controversia surgió a partir de declaraciones de Judd en una entrevista el 8 de septiembre, donde afirmó que la inteligencia estadounidense poseía un análisis que vinculaba el estallido social de 2019 con organizaciones de izquierda. Sus posteriores explicaciones sobre la procedencia de esta información, mencionando expresamente la participación de la “inteligencia chilena” en la “recopilación” de datos por fuerzas policiales y agencias de inteligencia, encendieron las alarmas en el ámbito político.
Los diputados Luis Cuello (PC), Juan Santana (PS) y Daniela Serrano (PC) fundamentaron su denuncia en los artículos 38 y 44 de la Ley N°19.974, que rige el Sistema de Inteligencia del Estado. El artículo 38 establece el carácter secreto de los datos en poder de los organismos del sistema, mientras que el 44 sanciona la divulgación no autorizada de dicha información por funcionarios públicos.
“Los hechos descritos por el embajador de los Estados Unidos Brandon Judd indican de forma inequívoca que funcionarios que integran el Sistema de Inteligencia (…) proporcionaron información secreta a funcionarios de un Estado extranjero”, sostiene la presentación de los parlamentarios.
La tesis central de los denunciantes es que, si las afirmaciones iniciales de Judd fueran ciertas, implicaría que funcionarios chilenos podrían haber facilitado información clasificada a representantes de otro Estado sin la debida autorización. La fiscal nacional subrogante Carmen Gloria Wittwer firmó el oficio, fechado el 22 de septiembre, que remite los antecedentes al fiscal regional metropolitano Centro Norte, Francisco Jacir, quien deberá decidir si abre una investigación formal.
El diputado Cuello valoró la decisión y reiteró que las declaraciones iniciales de Judd “se desprende la entrega ilegal de información por parte de funcionarios chilenos de inteligencia hacia la embajada”. Las afirmaciones de Judd en la entrevista generaron una serie de interrogantes sobre la fuente y naturaleza de la información manejada por Estados Unidos.
Ante la polémica, la Cancillería citó al embajador para pedir aclaraciones. Tras el encuentro, Judd matizó sus palabras, asegurando que la Embajada no tenía una investigación propia ni documentos sobre el estallido. Explicó que el análisis se había construido a partir de “fuentes abiertas”, como información de policías, el Congreso y académicos chilenos.
El Fiscal Nacional Ángel Valencia también se refirió al tema, indicando que no poseía los antecedentes mencionados por Judd y evitando validar la teoría de la vinculación de organizaciones de izquierda con el estallido. Valencia dejó abierta la posibilidad de reabrir investigaciones cerradas si surgieran nuevos antecedentes y los plazos legales lo permitieran.
